¿Quién debe regular las encuestas en Durango?

En los últimos días, Durango ha sido testigo de un auge de encuestas publicadas por diversas encuestadoras, algunas de ellas de dudosa reputación, en las que se proyectan los supuestos mejores perfiles de Morena, PVEM, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, para contender por las alcaldías en 2025. Este fenómeno, lejos de ser una herramienta para medir la intención del voto o la popularidad de los aspirantes, parece ser una estrategia para generar percepciones favorables en favor de ciertos personajes.

El problema radica en que muchas de estas encuestas no cumplen con estándares básicos de calidad ni transparencia. La metodología utilizada no es clara, y los resultados suelen ser difundidos sin los mínimos requisitos de rigor, como el tamaño de la muestra o el margen de error. Esto no solo desinforma a la ciudadanía, sino que distorsiona el proceso democrático al priorizar la percepción por encima de la verdadera opinión pública.

En este contexto, surge la interrogante: ¿quién debe regular este tipo de ejercicios? ¿A caso el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) debería tener un papel más activo en la supervisión de las encuestas especialmente cuando estas impactan directamente en la percepción de las precampañas y los procesos internos de los partidos?

¿El IEPC cuenta con las atribuciones legales para regular la publicación de encuestas durante los procesos electorales? Esto deja un vacío normativo que es aprovechado por grupos políticos para posicionar a sus aspirantes mediante estudios poco confiables y, en algunos casos, fabricados.

Es importante señalar que las encuestas, cuando se realizan correctamente, son una herramienta útil para medir tendencias y preferencias electorales. No obstante, en Durango han pasado a ser un arma para manipular la opinión pública. De ahí la necesidad de establecer lineamientos claros y sanciones efectivas para quienes publiquen resultados sin sustento técnico.

En otros estados del país, se han tomado medidas para exigir que las encuestadoras cumplan con requisitos mínimos de profesionalismo y transparencia. Durango no debería ser la excepción. Incluso se podría proponer la creación de un registro estatal de encuestadoras avaladas por el IEPC, que garantice que las empresas cumplan con estándares metodológicos reconocidos.

Los partidos políticos también tienen una responsabilidad importante. Si bien es natural que busquen posicionar a sus aspirantes, deben hacerlo con herramientas legítimas. Promover encuestas manipuladas no solo afecta su credibilidad, sino que también genera un ambiente de desconfianza entre los ciudadanos.

La ciudadanía, por su parte, debe ser más crítica frente a los resultados de estas encuestas. Es necesario cuestionar su origen, metodología y credibilidad antes de dar por válidas las cifras que presentan. De esta manera, se puede contrarrestar el impacto de las encuestas fabricadas y promover una cultura democrática más informada.

En un contexto donde las elecciones de 2025 están a la vuelta de la esquina, regular las encuestas no es solo una cuestión técnica, sino una necesidad democrática. Durango merece un proceso electoral basado en la verdad y no en la percepción fabricada. No olvidemos que la ciudadanía está cansada de mentiras.