Las disputas entre los poderes federales en México reflejan las tensiones inherentes a la polarización política. La separación de poderes es un principio fundamental en la democracia. Cada poder tiene funciones distintas, ejerciendo sus facultades actúan como contrapeso de los otros. La intensa pretensión del Ejecutivo de alinear los otros dos poderes con su proyecto político a costa de principios y valores, pone en riesgo la división -y balance- de poderes.
El respeto a la constitución y la protección de los intereses mayoritarios e históricos de la sociedad implica que los poderes judicial y legislativo tengan libertad para actuar de manera independiente a fin de evitar la nociva concentración de poder en una persona, grupo o corporación. El asedio y la presión que ejerce el Ejecutivo para que los otros dos poderes se alineen a sus intereses compromete la autonomía entre poderes.
Las tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial han aumentado en nuestro país gracias a decisiones de la Suprema Corte en las que ha tenido que fallar contra algunas reformas promovidas por el gobierno que contravienen los principios constitucionales. El Congreso, controlado ampliamente por el partido del presidente, ha aprobado de manera apresurada -sin debate- sus iniciativas.
Si el Ejecutivo logra controlar a los otros poderes se rompen los equilibrios propios del sistema democrático, aumentando el riesgo de regresar a practicas autoritarios que tanto dañaron en antaño a la sociedad, abriéndose un riesgo grave para la vigencia de los derechos que protegen a los ciudadanos frente a los actos abusivos de la autoridad.
Para nadie es desconocido que el legislativo ha perdido poder, eficacia, confianza e interés público, se ha disminuido frente a la sociedad y a las otras instituciones políticas, es difícil reconocerlo como la instancia de contrapeso al poder ejecutivo. La manera de crear modificar o crear leyes por consigna para congraciarse con el otro poder cierra la apertura a las diferentes formas de pensar. El dialogo es insustituible para construir acuerdos, de tal manera que la postura intolerante de una mayoría legislativa o bien, la intransigencia de la minoría no garantiza la construcción de una norma que goce de la aceptación del conjunto social.
La manera actual de crear y modificar normas no es garantía de una deliberación incluyente, se ha olvidado la búsqueda del consenso, priva la improvisación. La justicia se ve entonces como una aspiración lejana cuando su búsqueda transita sobre un sistema en el que el proceso para crear la norma abre dudas acerca de su legitimidad debido al cierre de espacios para deliberar. Es momento de pensar en un modelo de creación y modificación del derecho distinto al actual, en el que no tenga primacía la inmediatez de la política.
Es posible alcanzar la justicia cuando el sistema jurídico esta fundado en principios como la supremacía de la ley, el respeto a los derechos fundamentales, la responsabilidad de la administración pública a la luz de la transparencia y el acceso a la información, pero de manera significativa cuando esta garantizada la existencia de un poder judicial independiente.
Cuando se crea la norma por exigencia de un proyecto político, dejando de lado el interés mayoritario de la sociedad, cuando se ejecuta una embestida para arrebatarle la independencia al poder judicial con pretensiones claras de domesticar desde el ejecutivo a los otros dos poderes, entonces llega el momento de preocuparnos por la vigencia de la democracia, del respeto a los derechos humanos y de la eficacia de la ley para regular la convivencia social.
