El desfalco financiero heredado por la administración del ex gobernador José Rosas Aispuro Torres sigue teniendo repercusiones significativas en la actual gestión estatal bajo el liderazgo del gobernador Esteban Villegas Villarreal; problema se ve agravado por el reciente aumento del 8.5 por ciento en los salarios de aproximadamente 11 mil maestros y maestras.
A pesar de los beneficios directos para estos trabajadores educativos, esta medida ha desequilibrado las finanzas estatales, situación que reconoció el propio mandatario estatal ante los medios de comunicación. Ahora el gobierno se ve obligado a recurrir a medidas extraordinarias como el uso de la “tarjeta de crédito”, adelantos de participaciones federales y ajustar algunos programas sociales importantes planificados para el año 2024, condiciones que preocupan a la ciudadanía, pero con la estrategia correcta se pueden enfrentar.
Si bien el incremento salarial representa un avance significativo en el reconocimiento del trabajo de los maestros y maestras, especialmente después de la promesa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a los maestros federalizados, la realidad financiera local indica que estas decisiones comprometen algunos recursos económicos futuros.
A pesar de ello, el magisterio siente que por fin se da respuesta a una exigencia que ha hecho por año, ya que su labor no termina al concluir el horario en las aulas, sino que va más allá con el tiempo que dedican en sus casas a la planeación de su trabajo y de evaluación de los alumnos; sin dejar de lado que ahora también tienen la obligación de conocer el entorno social donde viven los estudiantes, como en el que se desarrollan los padres de familia.
Es importante que la administración estatal maneje esta situación con prudencia y transparencia, buscando alternativas sostenibles que no pongan en riesgo el bienestar general. La educación de calidad es indispensable, pero debe financiarse de manera responsable, sin descuidar otros aspectos fundamentales del desarrollo social y económico de la entidad.
El desafío para el gobierno radica en gestionar este incremento salarial manteniendo un equilibrio financiero sólido y asegurando el bienestar integral de todos los ciudadanos. La inversión en educación debe formar parte de una estrategia integral que fomente el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible, garantizando así un futuro próspero para toda la comunidad.
Es comprensible nuevamente la exigencia de la ciudadanía de que los responsables del desfalco financiero por cerca de 24 mil millones de pesos sean llevados ante la justicia y no queden impunes; ya que este tipo de situaciones no solo afecta las finanzas públicas, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en el Estado de derecho.
Es responsabilidad de las autoridades investigar a fondo estos actos de corrupción, identificar a los culpables y asegurarse de que enfrenten las consecuencias legales correspondientes. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza y para asegurar que casos similares no vuelvan a repetirse en el futuro.
Si bien la administración estatal ha demostrado su compromiso con la justicia, debe actuar con determinación para resolver este problema. Esto no solo implica castigar a los responsables, sino también implementar mecanismos efectivos de prevención y control para evitar nuevos casos de corrupción en el futuro.
Esperemos que las autoridades como son la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría del Estado y la propia Entidad de Auditoría Superior del Estado, busquen la manera de prevenir todo acto que daña la economía del Estado.