En medio de los cambios geopolíticos y las alteraciones en los escenarios domésticos en todos los países, el Reino Unido se presura a implementar medidas que por fin reactiven su propia economía. El Primer Ministro Keir Starmer, quien resultó victorioso en las elecciones generales de julio de este año, ha endurecido, tanto su discurso, como acciones dentro del Parlamento, para estimular la participación del sector privado en la esfera económica. Como bien es sabido, desde la crisis financiera del 2008, el país ha tenido que -<enfrentar otras encrucijadas, como el Brexit, la pandemia por COVID-19 y la guerra de Ucrania, que han puesto trabas a su desempeño económico. Mismas que agravan la improductividad, deuda nacional, niveles de inflación, así como el costo de vida. Por lo que, el gobierno Laborista considera efectivo impulsar un plan que beneficie a los corporativos.

Primeramente, las decisiones del Primer Ministro Keir Starmer para la reactivación económica dejan ver una vez más que el espectro político no es lo mismo que modelo económico. El gobierno Laborista ha insistido que muchas de las promesas por parte del Partido Conservador (“Tories”) tendrían que ser suspendidas aumentando la recaudación tributaria. La deuda nacional ha crecido de manera acelerada que en septiembre alcanzó el 100% del Producto Interno Bruto del país. Por lo que el Jefe de Gobierno, así como la Canciller de Hacienda, Rachel Reeves, han propuesto una política fiscal que reduzca el gasto público a fin de controlar la inflación. Si bien los Ministerios de Educación, Defensa y Salud, han expresado su preocupación ante tal propuesta, es probable que los niveles de gasto público se disminuyan a la vez de que se encuentra otra manera para financiar dichos servicios.

Por esta razón, la Canciller Rachel Reeves, en línea con el plan económico del Primer Ministro Keir Starmer, ha propuesto incrementar impuestos a algunas industrias para evitar que se tenga que implementar una política de austeridad que lastime a la clase trabajadora. Hasta ahora, se prevé que se incrementen las contribuciones de las ganancias sobre el capital, así como las aportaciones patronales para la seguridad social de los empleados. Aunque en el Manifesto publicado por el Partido Laborista se asegura que éste último no se implementaría, las condiciones inflacionarias lo demandan. Mismas que son altamente probables a derivar en medidas fiscales más estrictas en el país desincentivando la llegada de nuevas inversiones extranjeras, un efecto contrario a lo que el Gobierno desea para la recuperación económica.

Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda está buscando distintas alternativas para financiar a ministerios clave con 40 mil millones de libras. Esto antes de la presentación del paquete presupuestario el 30 de octubre ya que, si se llegara dicha fecha, recortes de hasta un 20% serían inminentes. Es importante mencionar que, de no encontrar tales recursos, el país sería susceptible a enfrentar riesgos en materia de seguridad, sanidad o Estado de derecho. Situaciones que, al mismo tiempo, acrecentarían la incertidumbre en el escenario inversionista. De ahí que, el Gobierno Laborista se vea en la urgencia de recaudar dicha cantidad de dinero y, de esta manera, se propicie un ambiente de confianza para los inversores.

No obstante, como todos los países que se encuentran en crisis, el Reino Unido enfrenta contrariedades en su proyecto de rescate. Esto debido a que, al tener una economía cuya deuda se ha ido exacerbando por las condiciones internacionales, el país se ve obligado a tomar medidas más estrictas respecto a su escenario doméstico. Por lo que, el plan del gobierno de relajar los procesos burocráticos, así como la política fiscal, con el fin de motivar la participación de la iniciativa privada, no es viable. Este dilema se acrecienta cuando se toma en cuenta que el Partido Laborista no busca transferir el aumento de impuestos a la clase trabajadora. Ya que tras más de 10 años de gobierno de los Tories, los laboristas buscan no caer en la ingobernabilidad que recientemente se vio desde Boris Johnson, así como tampoco agravar las condiciones de vida.

Finalmente, es evidente que el Primer Ministro Keir Starmer camina en una líneamuy delgada entre la atracción de grandes corporativos y la evasión de políticas austeras que aumenten el costo de vida de los ciudadanos. Aunque es un plan que es probable a brindar resultados efectivos, en el corto plazo algún agente económico tendrá que asumir los costos: el gobierno, la iniciativa privada o los trabajadores. De que sea el último, el Partido Laborista perdería una aprobación significativa; en cuanto a las empresas, si éstas enfrentan procesos burocráticos largos e impuestos altos, la disuasión al sector sería inminente; y, por último, si el Estado aumentara su gasto público, la inflación, así como el costo de vida, sería un ciclo que se repetiría por otro periodo. Salvar la economía del Reino Unido es el mayor reto para el actual gobierno.