Las campañas políticas son un mecanismo ideado para que los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular se comuniquen con el potencial electorado para, primero, enterarlo de su aspiración, segundo, transmitirle su programa, o plan de trabajo, y tercero, argumentarle el porqué su programa o plan es el mejor y él el más idóneo de entre los aspirantes.
Así entonces, la razón de ser de una campaña política es brindarle espacio público al candidato para que pueda promoverse con el electorado con propuestas que ofrezcan alternativas de solución a problemas o que mejoren la condición imperante. La idea es incidir en la intención del voto en su beneficio.
No obstante que la conceptualización es clara, pareciera que en la campaña presidencial y en la de la Ciudad de México los interesados (candidatos, partidos, gobierno) han decidido darle un giro y, en lugar de promoverse ellos y sus propuestas, han optado por denostar de todas las formas imaginables e inimaginables a los candidatos de enfrente.
En tal virtud, el panorama es de absoluta desesperanza, el mensaje que se recibe por la llamada sociedad civil es: yo no tengo propuesta o plan de trabajo pero vota por mí, el de enfrente es corrupto. El problema es que el de enfrente dice lo mismo.
El problema es que este tipo de campañas pulverizan la poca confianza que el ciudadano podría mantener no solo en los políticos sino también en las instituciones estaduales; sin duda que ante la andanada de acusaciones, todas ellas graves, las interrogantes surgen por reflejo y todas se encaminan a la labor que debería desempeñar la FGR.
La posición llega al paroxismo cuando observamos que los partidos son más eficientes que el ministerio público para investigar, presentan pruebas en las acusaciones que bien valdrían una investigación ministerial, tanto si son verdaderas como si son falsas.
Lamentablemente en esta guerra de vituperios y acusaciones los ciudadanos vemos que no hay diferencia entre rojos, azules y morados y que la FGR ni ve, ni oye y ni investiga.
