Para el abogado Ernesto Canales Santos, la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador poco antes de terminar su sexenio, echa abajo todo el sistema de juicios orales del país y, peor aún, le dan un cheque en blanco a las policías para detener y encerrar ciudadanos sin que medie ninguna orden judicial de por medio. Es un encarcelamiento por adelantado.
“Es de terror. Al modificar el artículo 19 de la Constitución aprobó algo altamente autoritario: en lo oscurito, por la puerta de atrás, acabó con el principio de que no puede haber cárcel sin juicio, que el sistema oral prevenía. Cualquiera puede ser detenido por la sospecha de haber cometido un delito y quedarse años tras las rejas, en lo que la autoridad resuelve su situación jurídica”, dice enojado Canales.
Tal figura jurídica ya había sido criticada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Suprema Corte de Justicia, que estaba trabajando diversos proyectos para echarla atrás, cuando justamente se vino la reforma judicial para acabar con el actual sistema judicial y promover uno más a modo del gobierno federal.
En su momento López Obrador defendió su reforma diciendo que era para endurecer la mano contra los narcotraficantes y factureros, sin hacer caso a las advertencias de su talante autoritario.
Canales, que fue uno de los promotores del sistema de juicios orales, dice que todo se fue a la basura con esta reforma constitucional. “Le dieron en la madre”. En lugar de preparar a las policías y fortalecer el sistema de investigación inteligencia y seguridad de los tres niveles de gobierno, “se fue por la fácil y peligrosa para la democracia en el país” de la prisión preventiva oficiosa.
Ernesto Canales sabe de lo que habla, no es un improvisado. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, con estudios de maestría en Derecho Comparado por la Universidad de Columbia en Nueva York y de Administración y Finanzas en Stanford University, Texas University y Tecnológico de Monterrey.
Ha sido abogado postulante por más de cincuenta años, lo que le ha permitido llevar asuntos de negocios y litigios importantes; miembro de los consejos de administración de grandes empresas, y árbitro en controversias internacionales.
Además, ha formado parte de múltiples organizaciones civiles y académicas sin fines de lucro, y participó activamente en el cambio del Sistema de Justicia Penal en México, del escrito al oral, habiendo producido el documental Presunto culpable, pieza clave en el proceso de cambio. En noviembre del 2016 fue designado fiscal anticorrupción para el estado de Nuevo León, el primer cargo de ese tipo en el país.
Canales no disimula su frustración y para ello escribió el libro “¡Hay justicia! Testimonio sobre mis juicios y casos” (editorial Planeta), recién editado, en el que da testimonio de cómo se armó la reforma del sistema de justicia penal que derivó en los juicios orales.
Adicionalmente, el libro sirve para dar a conocer su testimonio de juicios de alto impacto en los que intervino como litigante, todos de gran perfil empresarial en el país. Contra lo que pudiera esperarse, el libro no está redactado en términos solemnes y jurídicos, sino coloquiales y entendibles para el gran público.
No son sus memorias políticas ni viola ningún secreto profesional. Dice que ejemplifica con sus casos las anomalías del sistema judicial mexicano y el actuar de abogados y jueces en casos que suponen muchos intereses y dinero de por medio. Uno de los casos que llevó, por ejemplo, fue el de Paula Cusi, muy mediático en su momento.