Con defectos y virtudes, la actual legislatura por muchas razones ha dado muestra de madurez política al aprobar las reformas de la 4T. La más polémica sin duda, es la reforma al poder judicial. Por dicha reforma el congreso local fue noticia a nivel nacional, por ser el único gobierno priista que ha votó a favor de la reforma judicial. Se pensaba que habría debate entre morenistas, priistas, panistas y del verde ecologista, con el tema de la reforma judicial, pero como dice el refrán: donde manda capitán no gobierna marinero.
Por su conformación, la actual legislatura llegará el momento en que podamos ver debate, acuerdos y desacuerdos, debido a que muchas iniciativas están en la congeladora y gran número de ellas, son de importancia. Las diputadas y diputados, tienen que ser muy cuidadosos a la hora de votar en el pleno, iniciativas que en ocasiones van en contra de los intereses de la sociedad. Por ejemplo: cuando el ejecutivo del Estado les pida autorización para créditos, que solo aumentan la deuda pública del Estado. Comentamos esto, porque las condiciones financieras de la actual administración, se agravan más cada día, y en poco más de dos años y medio la deuda pública ya haciende a 11 mil millones de pesos.
Cuando esto suceda, nuestras diputadas y diputados deben de analizar muy bien, la capacidad de pago para cubrir en su momento, el capital y los intereses bancarios. De manera pública se sabe, que el gobierno del Estado necesita para cubrir sus compromisos de fin de año mil millones de pesos. No tenemos la plena certeza de que el gobierno federal le de al gobierno Estatal recursos extraordinarios para cubrir esos mil millones de pesos. De lo contrario, podemos imaginar que le pedirá al Congreso del Estado la autorización de otro préstamo y por ello, podríamos pensar que estábamos mejor cuando estábamos peor.
¿Por qué nuestras diputadas y diputados deben de evitar que siga creciendo la deuda pública? Es muy sencillo: al final, somos los ciudadanos quienes pagamos esas deudas con nuestros impuestos. De la pasada administración se dice que la deuda pública podría llegar a los 25 mil millones de pesos. Sería muy bien visto, que la actual legislatura agarrara el toro por los cuernos, y llegar al fondo de dicha deuda pública. Las y los legisladores locales, tienen facultades legales y administrativas para que las instancias responsables, sean citados en su momento y le rindan cuentas a la sociedad.
Las diputadas y diputados deben comenzar, en la próxima discusión y aprobación de la llamada ley de ingresos y de egresos. Sería muy recomendable también, que tengan mecanismos más rigurosos a la hora de comprobar en que se gasta nuestros recursos públicos. No sería por demás, recordarles a todas y todos aquellos que manejan recursos públicos, que ese dinero no les pertenece y que solo son el conducto para regresarlos en obra pública a la sociedad. Que no se olviden tampoco, que las y los ciudadanos ya no se les puede dar atole con el dedo.