Donald Trump regresará a la Casa Blanca con mucho más poder que el que tuvo en 2017, cuando ocupó por primera vez la presidencia de Estados Unidos. No solo tiene más legitimidad, pues ganó el voto popular además del Colegio electoral, sino un mayor control de otros poderes.

El 47° presidente de Estados Unidos gozará, de plenos poderes en Washington puesto que su partido ha ganado la mayoría en el Senado y debería conservar el control de la Cámara de Representantes.

Tras su victoria electoral el pasado 5 de noviembre, el Colegio Electoral se reunirá el 17 de diciembre para oficializar el resultado de los comicios, y solo unos días después, específicamente el 6 de enero de 2025, el Congreso certificará al presidente electo.

La agenda dentro de su administración contempla reducir los esfuerzos del Gobierno federal en materia de derechos civiles y ampliaría los poderes presidenciales. En materia de migración, ha pedido el uso de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de las fuerzas policiales nacionales en el esfuerzo.

Asimismo, sus propuestas restan importancia al aborto como prioridad de su segundo mandato, al mismo tiempo que se atribuyó el mérito de que la Corte Suprema pusiera fin al derecho federal de la mujer a interrumpir un embarazo y devolviera la regulación del aborto a los gobiernos estatales.

En materia de impuestos, sus políticas se inclinan en gran medida hacia las corporaciones y los estadounidenses más ricos. Esto se debe principalmente a su promesa de extender su reforma fiscal de 2017, con algunos cambios notables que incluyen la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta corporativa del 21% actual al 15%. Eso también implica revertir las subidas del impuesto sobre la renta a los estadounidenses más ricos y eliminar los gravámenes de la Ley de Reducción de la Inflación que financian las medidas energéticas destinadas a combatir el cambio climático.

A pesar de esas políticas, Trump ha puesto más énfasis en nuevas propuestas dirigidas a los estadounidenses de clase trabajadora y media: eximir del impuesto sobre la renta las propinas ganadas, los salarios de la Seguridad Social y los salarios de horas extra.

En materia de comercio internacional es desconfiar de los mercados mundiales, por considerarlos perjudiciales para los intereses estadounidenses. Propone aranceles del 10% al 20% sobre los productos extranjeros o incluso más altos, como en el caso de México, comprar medicamentos "esenciales" solo a empresas estadounidenses, y bloquear las compras de "cualquier infraestructura vital" en Estados Unidos por parte de compradores chinos.

De la misma manera, ha pedido que se reduzca el énfasis social en la diversidad y que se otorguen protecciones legales a los ciudadanos LGBTQ, por lo que ha pedido que se ponga fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión en las instituciones gubernamentales, utilizando la financiación federal como palanca.

Asimismo, el presidente electo busca reducir el papel de los burócratas federales y las regulaciones en todos los sectores económicos, y establecer un esquema en el que los presidentes tienen el poder exclusivo para controlar el gasto federal incluso después de que el Congreso haya asignado dinero.

Como candidato, entre otros temas, también sugirió que la Reserva Federal, una entidad independiente que fija las tasas de interés, debería estar sujeta a más poderes presidenciales. Aunque no ha ofrecido detalles, cualquier medida de ese tipo representaría un cambio trascendental en el funcionamiento de los sistemas económico y monetario de Estados Unidos.