El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), creado en 2005, ha sido un referente de la medición de la pobreza y la evaluación de los programas y políticas sociales del gobierno federal en México.
El relevo del doctor Gonzalo Hernández Licona –secretario ejecutivo desde hace 13 años- y el anuncio del presidente López Obrador sobre la posibilidad de desaparecerlo, generó en la opinión pública una interesante polémica y socializó la importancia vital de la información y las evaluaciones que realizan instituciones especializadas –con autonomía técnica y de gestión– que producen información objetiva sobre los programas y acciones gubernamentales.
En México Coneval es el pionero en materia de evaluación como lo es INEGI –creado en 1983– en información geográfica y estadística. Sus funciones “son complementarias pero diferentes”.
Desde 2008 la Constitución General de la República estableció la obligatoriedad de que los resultados del ejercicio de los recursos económicos que ejercen los órdenes de gobierno serán evaluados por las instancias técnicas que la Federación y las entidades federativas definieran.
Los sistemas de evaluación –en la gran mayoría de los países del mundo– son instrumentos clave para medir el éxito de las políticas y la idoneidad de planes, programas y acciones gubernamentales. Ofrecen una perspectiva de lo que funciona y no funciona y como mejorar su diseño y proceso de implementación. Ayudan a los gobiernos en la toma de decisiones basadas en evidencias.
Durango 2013. En el marco de esas consideraciones constitucionales e institucionales históricas, aparece por primera vez en el orden constitucional local, en 2013, con motivo de la Reforma del Estado implementada por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la participación social y la aprobación del Constituyente Permanente (diputados y ayuntamientos) se incorpora en el actual Título Quinto “De los Órganos Constitucionales Autónomos”, el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas (INEVAP). Se crea por iniciativa de la LXV Legislatura, de la que formé parte.
Los artículos 142 y 143 confieren al INEVAP la atribución de medir y evaluar el desempeño de las políticas públicas, y de generar información para que los poderes y gobiernos realicen un mejor diseño e implementación de sus programas y acciones y sus resultados sean considerados en el proceso de programación y prepuesto, a fin de propiciar que los recursos económicos tengan mayor eficacia e impacto social en el Estado. En el Artículo 47, se señala que, “El seguimiento y evaluación de los objetivos y metas contenidos en los planes de desarrollo estatal y municipales serán acciones conducidas por el INEVAP”.
Considerando este hecho como punto de partida, en estas notas me voy a referir a la trayectoria del INEVAP que ya ha transitado con éxito su etapa fundacional y avanza en la de consolidación institucional ofreciendo resultados evidentes que garantizarán su continuidad como una institución duranguense con solidez académica, eficiente y con prestigio social.
En la primera etapa las decisiones y acciones fueron del Congreso del Estado, de la LXV Legislatura, que lo concibió en 2013 como Órgano Constitucional Autónomo, y de la LXVI, que en 2014 expidió la Ley que crea el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango. Norma que establece la organización y funcionamiento del Instituto.
Pero fue hasta 2016 que el Congreso designó a los tres integrantes del “órgano máximo de autoridad”, el Consejo General, que integraron Juan Gamboa García y Delyana Vargas Loaiza y María Cecilia Amatón Grajeda (yo me integré el pasado mes de junio). A ellos tocó conducir la segunda etapa, empezando con el diseño y la conformación institucional del INEVAP, los años de 2016 a 2019, complementando el andamiaje jurídico y la estructura organizacional, la integración de especialistas en la materia y la realización de evaluaciones a planes, programas y acciones de dependencias y organismos de la administración pública estatal, incluyendo los municipios y el ejercicio de los fondos federales.
De especial relevancia ha sido la promoción de la cultura de la evaluación y la concertación de convenios y acuerdos con instituciones nacionales e internacionales reconocidos por su experiencia y eficacia en materia e evaluación y monitoreo de los programas gubernamentales.
En mi próxima entrega, agradeciendo la generosidad de El Sol de Durango, me referiré a las acciones relevantes y resultados del INEVAP en el periodo 2016-2019. Entre las que resalto el andamiaje legal e institucional integral que ya se logró.
Derivado del mandato constitucional de 2013 y de la ley secundaria de 2014 que se aprobaron en el Congreso del Estado (Legislaturas LXV y LXVI), el Consejo General en “uso de sus facultades” expidió el 14 de agosto de 2016 el Reglamento Interior del INEVAP, el cual regula las bases de la organización, la estructura orgánica y atribuciones del Instituto, el cual contiene precisiones de la amplia terminología propia de la materia de la evaluación.
En este reglamento se considera un innovador y sui generis diseño orgánico. A los consejeros se les asignan funciones técnico-administrativas adicionales a las de la toma de decisiones colegiadas. El consejero presidente a su vez es el director. A otra consejera se le dan las responsabilidades de secretaria ejecutiva y al tercero, las tareas de director de Administración. A los tres se les precisan sus respectivas atribuciones. Desde su origen su estructura directiva y administrativa es austera.
En la línea de completar la normatividad el Consejo General, elaboró y aprobó también los “Lineamientos Generales para la Evaluación de Políticas Públicas y Programas Presupuestarios para el Estado de Durango, el Manual de Organización y el Código de Ética y Conducta, en 2017”.
