La reciente detención del ex secretario de Educación en el Estado, Rubén Calderón, por el uso indebido de un millón 390 mil pesos, ha causado un terremoto en el panorama político de Durango; sin embargo, lo que llama la atención es el momento en que se esta se da, ya que el Fiscal Anticorrupción, Noel Díaz Rodríguez, está a unos días de presentar su informe de actividades ante el Congreso del Estado, por lo que es inevitable preguntarse si detrás de estas acciones hay un cálculo político.

Las denuncias que derivaron en su captura, presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, ponen de manifiesto una estrategia clara del gobierno estatal que se visualiza en no tolerar más la corrupción en las altas esferas del poder. Esta acción, sin duda, pone en jaque a quienes durante mucho tiempo operaron con la certeza de impunidad.

La detención del ex funcionario no solo refuerza el compromiso de la Fiscalía con la transparencia y la justicia, sino que también envía un mensaje contundente a la clase política local: los privilegios ya no son sinónimo de inmunidad. Esta coyuntura se complementa con la campaña lanzada por la Fiscalía bajo el lema “Yo No Doy Mordida”, una clara señal de que la lucha anticorrupción no solo está enfocada en las grandes figuras políticas, sino también en erradicar prácticas corruptas en el día a día de los ciudadanos.

¿Qué busca demostrar la Fiscalía con este conjunto de acciones? Parece evidente que se trata de una estrategia de doble vía: por un lado, dar resultados contundentes en la sanción de quienes cometieron delitos; por otro, fomentar una cultura de integridad en la sociedad. No es coincidencia que la campaña “Yo No Doy Mordida” se haya lanzado en este preciso momento.

Al enmarcar la detención de Calderón, se refuerza la idea de que todos, desde los funcionarios más encumbrados hasta el ciudadano de a pie, son responsables del cambio. El impacto de su detención puede ser un parteaguas en la vida política de Durango; no olvidemos que hasta ahora, la Fiscalía había presentado diversos casos, pero pocos de tan alto perfil como este.

Recordemos que Calderón fue un operador clave del ex gobernador José Rosas Aispuro Torres dentro del gabinete estatal, y su caída podría desatar una serie de investigaciones que toquen a otras figuras políticas del pasado reciente; además desafía las estructuras de poder que se creían intocables.

En este contexto, el Congreso del Estado tendrá un papel clave en los próximos días. El informe del fiscal no solo será una rendición de cuentas sobre su desempeño, sino también una oportunidad para las y los legisladores de evaluar el compromiso real del combate a la corrupción.

La lucha contra la corrupción es un tema que genera consenso entre la ciudadanía, pero también puede ser un arma de doble filo si se percibe como una cacería selectiva. En este sentido, el reto para la Fiscalía será demostrar que sus acciones son imparciales y que la justicia no discrimina entre colores partidistas.

Queda por ver si estas medidas anticorrupción generarán el cambio profundo que Durango necesita. La detención de Calderón y la sentencia contra el ex subsecretario son símbolos importantes, pero el desafío será mantener el impulso y evitar que la corrupción vuelva a enquistarse en las instituciones.