Ante el reciente anuncio de la Secretaría de Educación Pública -SEP- acerca de que 15 universidades públicas del país impartirán, desde el próximo ciclo escolar 2020-2021, la nueva licenciatura en educación inicial, con el objetivo de atender un déficit en la formación de profesionales que enfrenta el país para la atención y cobertura de la primera infancia, partiendo del hecho de que actualmente existen más de 14 millones de niños y niñas, de cero a tres años de edad, con derecho a este tipo de educación, el cual es obligatorio de acuerdo al Artículo Tercero Constitucional, de los cuales, el 86 por ciento está fuera de cobertura, surge la inquietud del porqué serán las universidades y no las escuelas normales e instituciones formadoras de docentes las encargadas de esta responsabilidad.
Ante un hecho consumado, al presentar el plan de estudios previsto a cursarse entre tres y cinco años, el Secretario de Educación expresó que el proyecto, que desde hace varios meses se ha venido trabajando por parte de un comité integrado por funcionarios de la SEP y directivos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), está prácticamente concluido y aprobado en todos sus detalles, y tiene la virtud de estar vinculado a dos aspectos importantes: la educación integral hacia niños y niñas, pero sobre todo a los saberes en materia de gestión institucional, lo cual les permitirá a los docentes apoyar a las familias y a las instituciones, a fin garantizar el bienestar y el ejercicio del derecho a la educación.
La idea, dijo el titular de la SEP, si se quiere formar mexicanos honestos, exitosos, felices y buenos ciudadanos, es prioritario fortalecer su educación familiar y escolar durante los tres primeros años de vida; porque es la etapa esencial del aprendizaje, y la base para el desarrollo y bienestar futuros; además, reconoció que las niñas y niños que viven en desventaja, vulnerabilidad social, pobreza extrema o en entornos inapropiados de salud, generalmente, son parte de sectores de la población que históricamente fueron excluidos de los servicios que brinda el Estado y que ahora es necesario atender. Por ello, dijo, la Nueva Escuela Mexicana promueve la mejora continua de la educación inicial, y el desarrollo de especialistas para garantizar el acompañamiento de niñas y niños en su formación temprana, que sepan cómo motivarlos plenamente y ayudarlos en el desarrollo de sus potencialidades como ser humano, social e integral.
Lo que no dijo el Secretario de Educación es que con este proyecto se omite la participación de las escuelas normales e instituciones formadoras de docentes y se deja de lado todo lo que política y normativamente se ha dispuesto en la reforma educativa vigente, respecto del fortalecimiento y transformación de este tipo de instituciones educativas, así como el compromiso presidencial de apoyar participación activa de los maestros, para que sean ellos los artífices del funcionamiento óptimo del sistema educativo nacional, con lo que queda muy lejos aquello de que será la profesión docente la consentida de la Cuarta Transformación.
Al respecto, vale la pena releer el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que la educación inicial será obligatoria, que es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia; además, que será el Ejecutivo Federal quien determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, a través de la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que se habilita para sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, entre otras funciones. En el mismo Artículo, en el Transitorio Décimo Segundo, se dispone que para atender la educación inicial se definirá una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, en la cual se determinará la gradualidad de su impartición y financiamiento; mientras que, en el Transitorio Décimo Tercero, se apunta que la autoridad educativa federal mantendrá sus facultades y atribuciones correspondientes para la impartición de la educación inicial.
Por su parte, en distintos artículos de la Ley General de Educación, se norma lo referente a la educación inicial; así, en el Artículo 6, se puede leer que la educación inicial es un derecho de la niñez; y que es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en dicha Ley; en el Artículo 38, se dice que para la educación inicial, el Estado, de manera progresiva, generará las condiciones para la prestación universal de ese servicio; en el Artículo 39, se establece que la Secretaría de Educación determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial; en el Artículo 40, se enuncia que los principios rectores y objetivos de la educación inicial estarán contenidos en la Política Nacional de Educación Inicial, la cual será parte de una Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia; en el Artículo 96, que en los planes y programas de estudio de las instituciones de formación docente, se promoverá el desarrollo de competencias en educación inicial y con enfoque de inclusión para todos los tipos educativos; y en el Artículo 97, que la formación inicial que imparten las escuelas normales deberá responder a la programación estratégica que realice el Sistema Educativo Nacional.
En cuanto a lo dispuesto en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en su Artículo 35, se establece que con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, de acuerdo a las necesidades del servicio educativo, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente. Por otra parte, en la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, derivada del Acuerdo Educativo Nacional del Artículo 3° de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado 2. La proyección al futuro de las Escuelas Normales, es establece que su oferta educativa debe responder a las exigencias diferenciadas de formación en el campo de educación inicial, entre otros. Adicionalmente, en el Eje rector 2. La Escuela Normal y su planeación para el futuro, se propone como línea de acción, robustecer la oferta educativa en el campo de educación inicial; mientras que en el Eje rector 5: Planteamiento de la ruta curricular, en otra línea de acción, se propone impulsar nuevas licenciaturas para que se oferten, cuando menos una en cada entidad, entre las que se incluye la educación inicial.
Como se puede ver, en la base normativa de la educación pública se puede advertir el papel preponderante que se otorga las escuelas normales e instituciones formadoras de docentes, para la formación de los profesionales de la educación que se requieren para atender la demanda educativa en los distintos tipos, niveles o modalidades de la educación, entre ellos la educación inicial, por supuesto. Sin embargo, en clara contradicción de estos supuestos, a pesar de que en el Título Cuarto, Capítulo I, artículos 24 al 28, de la Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación, se establece la creación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la cual tiene como una de sus atribuciones, sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial; a su vez, la Comisión contará con un Consejo Técnico de Educación, el cual tendrá siete Comités, entre los cuales se contempla el de educación inicial, que al igual que los demás, en sus trabajos incorporará el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva para contribuir en la eliminación de cualquier tipo o modalidad de violencia y discriminación, especialmente la que se ejerce contra las niñas y las mujeres, en el Artículo 63 de dicha ley, se dice que la Comisión podrá suscribir convenios con universidades y otras instituciones de educación superior a las que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que seguramente abrió la puerta al acuerdo de la SEP con la ANUIES, dejando a un lado a la comunidad normalista y formadora de docentes.