Desacato presidencial
Luego de que una jueza federal ordenara que se bajara del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al Poder Judicial y que la propia Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, determinara, por asesoría de la consejería jurídica, no hacerlo, las cosas entre el Poder Ejecutivo y el Judicial suben de tono, pues nos encontramos ante un claro desacato a una orden judicial, que sin duda podría traer consecuencias, pues como bien se ha dicho la instancia administrativa señalada puede también hacer uso de las instancias legales para defender su postura, y bajo un razonamiento sustentado legalmente, poder contrarrestar dicha resolución de la jueza.
Sin duda este es otro elemento más que le abona a la crisis entre ambos poderes, pues dicen los que de esto saben que Sheinbaum Pardo no es a instancia para determinar si se elimina la reforma del DOF o no, sino una instancia judicial, pero bajo una cerrazón ha decidido que ella puede determinar lo que está bien, cuando se supone que para eso es la división de poderes en cuanto a la impartición de justicia, además la jueza del orden federal está haciendo valer el estado de derecho a través de la Ley de Amparo, y podrá estar o no justificada su resolución, pero será la justicia quien lo debe determinar y no hacer juicios sin fundamento desde la conferencia en Palacio Nacional.
Mal ejemplo.
Creo incluso que esta decisión tomada no solo por la Presidenta, sino por todo su equipo legal, es un mal ejemplo para los ciudadanos en general, pues si la titular de un Poder de la Nación puede desacatar una orden, ¿por qué no habría de hacerlo cualquier ciudadano que enfrente un proceso legal?, es decir, si cualquier “mortal” comete el delito de desacato evidentemente tendría sus consecuencias ante los órganos como las fiscalías, en este caso quizá la Fiscalía General de la República no habría de ejercer ningún tipo de orden judicial en contra de la “jefa”, si bien se supone que gozan de autonomía, sabemos que en los hechos no es así. Y entonces sí estaríamos hablando de consecuencias extremas sin este respeto a la justicia.
Legislativo.
Habrá que dejar en claro que los amparos y suspensiones promovidos en el carril judicial ni siquiera están considerando el contenido propio de la reforma a la Constitución, eso podría ser más adelante; todo es para analizar lo previo que se hizo en el proceso legislativo que se siguió, si se cumplió a cabalidad y si no se usó algún tipo de presión política o jurídica para conseguir los votos necesarios para obtener la mayoría calificada. Me parece que si desde el Gobierno Federal, la Consejería Jurídica y del propio partido de Morena, no tienen nada que temer respecto a los pasos que se siguieron para esta aprobación, entonces ¿por qué ser un “dique” en una posible investigación de los trabajos en el Congreso de la Unión? Pues si bien ya está reformada la Carta Magna, es importante que todos conozcamos si el trayecto para lograrlo fue limpio, eso es todo.
División.
Es claro que no se está respetando la división de los poderes, pues no podemos aceptar los mexicanos que desde un solo lado, en este caso el Poder Ejecutivo, se determine quién está mal, quién bien, quién incurre en alguna ilegalidad, lo que deben hacer los legisladores, cómo deben actuar los juzgadores, entre otros. Nuestra Constitución es muy clara y le da a cada Poder de la Nación sus responsabilidades y obligaciones, una lucha que costó años conseguir y que hoy de un momento a otro se quiere modificar; no me parece justo ni correcto.
Mañana.
Es importante dejar en claro que quienes hoy ostentan el poder, mañana podrían estar padeciendo estas decisiones cuando sean de nuevo oposición, así le pasó al PRI y ocurrirá con quienes lleguen al poder con esa fuerza de imponer una sola forma de gobierno, sin respetar a sus iguales.