El “incómodo” proyecto de sentencia
Vaya que incomodó el proyecto de sentencia que presentó el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, por el cual deja invalidada de manera parcial la reforma al Poder Judicial que aprobó el Congreso de la Unión, así como el Constituyente Permanente, pues de entrada se considera que el máximo órgano jurisdiccional del país, sí tiene atribuciones para determinar el proceder de la misma, así como la aplicación, específicamente lo que se refiere a la elección de los juzgadores; algo que provocó el enojo del oficialismo, así como de la “inquilina” de Palacio Nacional, pues la respuesta no se hizo esperar.
Me parece un proyecto “salomónico” por parte del Ministro, pues en las 360 hojas del mismo se establece que se eliminarían todas las elecciones correspondientes a los jueces y magistrados en el país, así como el caso de los juzgadores en los Tribunales Superiores de Justicia en las entidades federativas, pero deja la renovación de los integrantes de la SCJN mediante el sufragio, es decir, él mismo acepta que están en la disposición de que los nueve ministros que integrarían este órgano sean mediante este método, quizá todo esto muy medido unas horas antes de que se anunciara la renuncia de la gran mayoría de los Ministros de la Corte.
Crisis.
El asunto de fondo es que luego de que el proyecto se apruebe por la mayoría de los Ministros, porque me parece que así será, toda vez que la mayoría ya se ha expresado en contra de la reforma, ni el Gobierno Federal y ni mucho menos el Poder Legislativo, ambos en manos de Morena y sus aliados, van a acatar esa resolución, lo que provocará una crisis constitucional en nuestro país, el “pleito” entre los dos Poderes de la Unión desataría inestabilidad política, económica y social, y miles de mexicanos quedarían en la incertidumbre jurídica, pues los procesos legales que hoy están en marcha seguramente tendrían una modificación o en el mejor de los casos, retraso.
Durango.
Este proyecto de sentencia generaría varias reacciones en cadena, pues en el caso de Durango que tendrá elecciones el próximo año, así como el caso de Veracruz, se deberá determinar qué procederá en el caso de las elecciones de los juzgadores, pues en nuestra entidad el inicio formal del proceso es mañana 1 de noviembre, y hasta este momento no hay ninguna definición al respecto, cuánto se va a gastar, financiamiento, auditorías a los aspirantes, boletas, entre otros temas. Mientras no haya ninguna notificación oficial, tanto el INE como el IEPC deberán seguir con la planeación de ambos procesos, pues parte de la crisis a la que hemos hecho referencia también involucraría los escenarios político-partidistas.
Sin rostro.
El proyecto del Ministro también establece la eliminación de los llamados “jueces sin rostro”, quienes tendrían la peligrosa responsabilidad de emitir sentencias contra quienes cometan delitos del fuero federal, identificados con grupos del crimen organizado. Algo que me parece debería eliminarse de la propuesta del togado, pues muchos jueces en el país son amenazados para que dicten alguna sentencia a modo, y ello pone en riesgo no solo su integridad, sino muchas veces las de su familia, por lo que quizá esta parte podría modificarse; desde luego creando mecanismos para que esto no permita actos de corrupción en estas decisiones que emitan los jueces federales.
El Gobierno Federal y Morena, deberán estar considerando mantener el diálogo permanente con el Poder Judicial, pues a pesar de que no les parezca lo que resuelvan deben recordar que existen tratados internaciones en materia de derechos humanos que deberán respetarse, pues aquí podrán “hacer y deshacer”, pero que todo escale a otros niveles quienes terminan sacando la peor parte serían quienes protegen y defienden “a capa y espada” el proyecto de la Cuarta Transformación.
