Es una verdad evidente y muy preocupante que el Gobierno actual viene desarrollando una campaña sistemática contra la libertad de expresión tal como lo han denunciado numerosas voces de las víctimas de dicha campaña. Nadie puede permanecer indiferente ante el hecho de que el propio Presidente de la República, en sus conferencias mañaneras, se tome la libertad de proyectar en pantalla la primera plana del diario Reforma y, apoyado en ella, lance dicterios, desmentidos sin pruebas, ironías y burlas contra la nota de ocho columnas y contra el diario en general (“pasquín inmundo”, le ha llamado). Tampoco debe dejarnos indiferentes que a medios y periodistas que publican noticias desfavorables a su gobierno, los acuse de chayoteros, fifís, conservadores, hipócritas, cómplices del saqueo del país por los neoliberales del pasado, ingratos que muerden la mano que les quitó el bozal (justo cuando está intentando colocarles un bozal más riguroso que nunca), sin presentar ninguna prueba.

El Presidente se justifica diciendo que eso no es represión, sino simple ejercicio del derecho de réplica y de legítima defensa de que goza como cualquier ciudadano. Pero eso es un sofisma mal hilvanado cuyos hilos se ven desde lejos. Primero, él no es un ciudadano cualquiera sino el Presidente de la República; y esto, en cuanto a capacidad de divulgación e influencia de sus ideas, información y opiniones, le da una ventaja inmensa sobre cualquier medio, por poderoso que sea. Segundo, es una notoria falsedad afirmar que cualquier ciudadana o ciudadano, en México, tiene garantizados sus derechos de réplica y de legítima defensa frente a los ataques mediáticos. En esto, los antorchistas podemos reunir varios voluminosos tomos de pruebas que demuestran lo contrario. La verdad es que el ejercicio de tales derechos está fuera del alcance de quien no cuente con dinero o con relaciones que le ayuden a dar a conocer lo que en su defensa pueda esgrimir. Y la cosa se pone peor si el ataque es ordenado y pagado por algún poderoso. En este caso, amigos y dinero resultan absolutamente inútiles. Bastaría preguntárselo a cualquier ciudadano o ciudadana de a pie para convencerse de esta verdad.

Tercero, y lo más importante a mi juicio: el verdadero y sano ejercicio de los derechos de réplica y legítima defensa exige, para ser tenido como tal, que la respuesta del ofendido vaya directo al contenido esencial del supuesto ataque y que, con pruebas verificables y argumentos lógicamente consistentes, sin contradicción o argucia que los nulifique, demuestre la falsedad de la imputación de que se trate. La verdadera legítima defensa no admite los argumentos ad hominem como prueba de la verdad que asiste a quien los lanza, aun en el caso de que sean ciertos. Y menos acepta como tal prueba las descalificaciones a priori, los dicterios, las injurias y los epítetos infamantes.

Pero eso es justamente lo que hace el Presidente en sus mañaneras. Jamás va al meollo del asunto; nunca presenta argumentos sólidos ni pruebas fehacientes en contra de los supuestos ataques infundados; nunca le oímos un razonamiento coherente, articulado y firme que haga polvo las mentiras de sus detractores. Todo lo que dice trasuda bilis, hígado, inquina y un indisimulado deseo de golpear, herir, lastimar lo más hondo que pueda a su “enemigo”. Eso, ni aquí ni en China pasa como una réplica sensata y bienintencionada para restablecer la verdad en su sitio. Por tanto, no queda más remedio que dar por demostrado que se trata de intolerancia pura, de un asedio sistemático y premeditado a la libertad de opinión y de prensa, aunque el Presidente lo niegue.

Toda verdadera crisis social se caracteriza, entre otras cosas, porque saca a luz y pone de relieve hechos y realidades que, en tiempos normales, pasan desapercibidos. La libertad de prensa ha sido hasta hoy, para la mayoría de nosotros, algo que solo incumbe a quienes la ejercen profesionalmente. Pero hoy, en estos tiempos revueltos y amenazantes, es imposible no advertir el bien que hacen al país, por ejemplo, los programas de noticias, entrevistas y comentarios de Carlos Loret de Mola. Por ellos sabemos de la fortuna de la familia Bartlett; de la acumulación de bienes inmuebles de la encargada de la lucha anticorrupción, la secretaria Irma Eréndira Sandoval, y su digno consorte John Ackerman; de los videos protagonizados por Pío López Obrador, hermano del Presidente, y de otras sorpresas por el estilo. Igualmente valiosas y saludables (por desintoxicantes) son las parodias escenificadas por Brozo y Loret. Ellas nos acercan bastante al desempeño real de nuestros más altos servidores públicos.

Pero no son solo ellos. Está el Reforma y sus trabajadores, que resisten a pie firme el embate presidencial; El Universal, cuyo profesionalismo es salvavidas para muchos como yo y hoy, en particular, por las entrevistas a periodistas e intelectuales sobre el tema del acoso a la libertad de prensa. Y están, desde luego, los propios entrevistados por El Universal: Denise Dresser, Ciro Gómez Leyva, Héctor Aguilar Camín, Paco Calderón, cartonista del Reforma, y Sergio Sarmiento del mismo diario. Todos ellos prestan, con su trabajo y sus valientes declaraciones, un valioso servicio que los mexicanos solo podemos retribuir con solidaridad. Por respeto a ellos, aclaro que ninguno es responsable de lo que aquí digo, y que a ninguno tengo el honor de conocer personalmente. Igual reconocimiento por méritos iguales, merecen los ex funcionarios de la 4ªT que han tenido la entereza de decir públicamente los motivos de su renuncia. Solo menciono, por razón de espacio, al ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, y al ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, INDEP, Jaime Cárdenas, que denunció la fétida corrupción que anida en esa institución de tan engañoso nombre.

Hace poco se dijo que, por órdenes de Santiago Nieto, titular de la UIF, fue retirado del almacén del INDEP un Lamborghini, carísimo automóvil de colección, dejando un simple recibo como constancia. La noticia se atribuía a su ex titular, Jaime Cárdenas. El aludido respondió de inmediato diciendo que se trataba de una “ridícula fake news”, al tiempo que demandaba: “Tengamos debates de calidad y sin mentiras.” Pero Santiago Nieto se ha convertido en un despiadado y feroz acusador y persecutor de los “enemigos” del régimen, sin cuidarse de si son culpables o no. No hace tanto que lo vimos en un programa televisivo, derrochando nombres e información de supuestos delincuentes que por ley deben mantenerse en secreto, y haciendo mofa de ellos para regocijo de sus interlocutores. Ya encarrerado, soltó la “charra” de que los antorchistas enviamos dinero a la República Checa. Hasta sus paleros se sorprendieron por la audacia del infundio.

El 23 de septiembre, defendiendo sus decisiones, “rápidas y oportunas” sobre el congelamiento de cuentas a los enemigos de la 4ªT, Nieto dijo que “No tengo la culpa de que sean corruptos”. Y en seguida añadió sin inmutarse: “No existe una persecución política, lo que se ha hecho es cumplir con los requerimientos de instancias gubernamentales…”. Por lo visto, el señor no advirtió la flagrante contradicción: primero asegura que los afectados son corruptos, es decir, le consta que son culpables y de ahí su castigo; y en seguida afirma que solo cumple con requerimientos de otras instancias, con lo cual desmiente su tajante sentencia anterior. Y este es el mismo personaje que exige “debates de calidad y sin mentiras.”

Volvamos al mundo real. En México no solo está asediada la libertad de expresión, como acabamos de demostrar, sino la libertad a secas, una e indivisible, de todos los mexicanos. Paso a paso, el Gobierno se ha ido apoderando de todos los órganos y las instituciones cuya actuación independiente es esencial para garantizar la permanencia y el ejercicio de aquella libertad. A estas alturas, ya tiene bajo su control al Congreso de la Unión, que aprueba leyes anticonstitucionales y contrarias al derecho, creadas ex profeso, no para investigar y castigar culpables, sino para fabricar delincuentes según las necesidades políticas del actual Gobierno. La defensa natural contra este tipo de leyes arbitrarias es, y ha sido siempre, el Poder Judicial, el cual se encarga de enderezar las injusticias y amparar a los débiles. Pero hoy, ese poder también está sometido al control del Gobierno. Los ciudadanos, por tanto, ya no tenemos posibilidad de escapar de la aplicación abusiva y mafiosa de las leyes hechas para fabricar culpables.

Previendo una eventualidad así, el Constituyente dotó a las masas populares del derecho de organizarse y salir a la calle a protestar contra los abusos del poder; pero hoy, todas las organizaciones populares han sido declaradas corruptas y enemigas de la 4ªT. Por tanto, está amenazada su existencia misma, y sus protestas públicas son satanizadas, ridiculizadas y perseguidas con la fuerza pública, como en el caso Chihuahua o las protestas magisteriales en Michoacán. Así las cosas, la última esperanza es una elección libre para cambiar de gobernantes y de representantes populares, según lo dispuesto por el Constituyente. Pero hoy, el órgano electoral supremo, el INE, también está sometido y amenazado por el Poder Ejecutivo, mientras que se acumulan en secreto montones de dinero público para comprar la conciencia de los votantes. Esta última puerta de salida, por tanto, también está a punto de ser clausurada por los poderes de la 4ªT.

México se está convirtiendo en una cárcel para sus hijos; y el asedio a la libertad de prensa obedece al propósito de impedir que alguien diga esa verdad al pueblo. Debemos defender la libertad de prensa y de opinión como algo nuestro, como parte de nuestra libertad única e indivisible y, al mismo tiempo, esgrimirla como herramienta de lucha contra el intento de tiranía personal que nos amenaza. La batalla decisiva (y tal vez la última oportunidad de hacerlo) para asegurar la libertad de los mexicanos, es la elección de 2021. En ella, el pueblo debe elegir a los suyos, a quienes le garanticen esa libertad así como su bienestar material y espiritual, incluido su derecho a ser informado con veracidad. Todos tenemos el deber de salvar a México; todos tenemos que saber, por lo menos, por quién no podemos votar bajo ninguna amenaza ni circunstancia.