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Además del caso Ayotzinapa que aceleró el proceso de deterioro de la imagen nacional e internacional del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), el 9 de noviembre de 2014, dos días después de la conferencia de prensa de Jesús Murillo Karam en donde dio a conocer la llamada “La verdad histórica” sobre la noche de Iguala, hubo otro hecho con el que la ya de por sí la cuestionada reputación política del primer mandatario se hundió todavía más.
Ese día, según lo anotado por Genaro Villamil (GV) en el libro Cleptocracia. El nuevo modelo de corrupción, tanto en el portal informativo Aristegui Noticias como en el semanario Proceso, se publicó un amplio reportaje elaborado por el equipo de colaboradores de Carmen Aristegui, que a su vez fue apoyado por el International Center for Journalists (ICFJ), en el que se dio a conocer de la existencia de una lujosa residencia en la Ciudad de México, mejor conocida como la Casa Blanca, con un valor de siete millones de dólares, propiedad de EPN, pero registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro. Empresa que formaba parte de una sociedad anónima perteneciente al Grupo Higa, dirigida por el amigo personal de EPN, Juan Armando Hinojosa Cantú.
Pero mientras que EPN negó ser el propietario de la mansión, quien sí salió a enfrentar el problema fue la señora Angélica Rivera, la cual por medio de una grabación en video informó que la propiedad había sido comprada por ella con los ahorros que tenía tras haber laborado en Televisa. Empero nadie creyó la versión de Rivera, como tampoco la de EPN de que él no era el propietario.
A raíz del sonado caso de la Casa Blanca: a) aumentó la indignación popular en contra de la ambiciosa pareja presidencial, b) marcó la cada vez más cuestionada buena reputación de EPN, c) dio pauta para que se conocieran otros casos relativamente semejantes al de la Casa Blanca y en donde no solamente estuvo involucrado EPN, sino también personajes y grupos inmobiliarios muy cercanos a él y, d) se conocieron muchos otros escándalos en los que, además de EPN, también estuvieron involucrados secretarios de Estado, funcionarios de alto nivel federal y, por supuesto, algunos gobernadores de los estados.
Enseguida, únicamente se destacarán algunos de los aspectos (escándalos) más relevante que tuvieron lugar durante el régimen peñista, sólo para darnos una idea de la profundidad de la crisis y descomposición de un régimen que se comenzó a gestar desde 1915, se consolidó en 1929 con el surgimiento del PNR, que perduró prácticamente intacto hasta 1968 y quedó mortalmente herido el 1 de julio de 2018.
Para la elaboración de esta parte del artículo tomaré como referencia, apoyo y guía, la documentada cronología que el politólogo Jenaro Villamil incluye en el citado texto.
En enero de 2013, los priistas lograron que el IFE no les impusiera una multa de 75 millones de pesos por el uso de las tarjetas Monex durante la campaña presidencial de EPN. Posteriormente, el Comité de Fiscalización resolvió que EPN nunca rebasó los gastos de campaña durante el 2012. En cambio, quien sí los rebasó, fue AMLO.
En el mes de abril de 2013, los panistas dieron a conocer una grabación en la que Rosario Robles, secretaria del Desarrollo Social y responsable de instrumentar el programa Cruzada Nacional contra el Hambre, estaba utilizando dicho programa para apoyar electoralmente al PRI de Veracruz, en donde se realizarían elecciones municipales. Tanto el PAN como el PRD la desconocieron como interlocutora política. Pero independientemente de las evidencias de la actividad política electoral de Rosario Robles en favor del PRI de Veracruz, EPN la siguió apoyando y hasta conminando para que la continuara, al decirle: “No te preocupes Rosario”. De tal manera que le hizo mucho caso a su jefe y prosiguió realizando este tipo de prácticas. Ahora Rosario Robles está en la cárcel mientras que su antiguo jefe se divierte.
En julio de 2013, “el abogado chiapaneco Héctor Culebro, en el programa de MVS de Carmen Aristegui, señaló que los exgobernadores priistas Fidel Herrera de Veracruz y José Murat de Oaxaca, junto con el exgobernador perredista Juan Sabines Guerrero, entre el 2009 y el 2011 se habían beneficiado de contratos por 1,800 millones de pesos a través de las empresas Muraza y Alzurio. Y aunque de inmediato José Murat, en ese momento operador político de EPN y encargado del Pacto “por” México, se deslindó, dos años después, febrero de 2015, tanto la prensa norteamericana como la mexicana, dieron a conocer que la familia de Murat era poseedora de seis propiedades inmobiliarias en los Estados Unidos, incluyendo dos departamentos en las torres Time Warner Center, en Nueva York”. (véase a GV).
El 19 de julio de 2013, un juez federal liberó a Raúl Salinas de Gortari del último de los cinco cargos de que había sido acusado: enriquecimiento inexplicable. Una vez exonerado, a Raúl le fueron devueltos 224 millones de pesos que se encontraban depositadas en 12 cuentas bancarias, así como 41 inmuebles ubicados en 24 lugares del país.
A mediados de diciembre del 2014, el The Wall Street Journal dio a conocer la existencia de otra lujosa residencia en Malinalco, Estado de México (Edomex), supuestamente comprada en 7 millones 500 mil pesos y a pagarse en 18 años al ya citado Grupo Higa, por parte de Luis Videgaray, brazo derecho de EPN. Un mes después, se supo que en el conocido balneario de Ixtapan de la Sal, Edomex, EPN era el propietario de otra lujosa casa (de campo) ubicada dentro de un Club de Golf, propiedad de la familia San Román, contratistas originarios de Atlacomulco. Meses después de aquel escándalo, la agencia británica Reuters, dio a conocer que, en el centro turístico de Valle de Bravo, Edomex, EPN también era poseedor de un terreno de mil metros cuadrados.
Simultáneamente a estos escándalos, al debilitamiento de la imagen del sexenio peñista también se sumaron otros hechos entre los que se inscriben el que tuvo lugar en julio de 2015, cuando Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, por segunda ocasión se fugó por un túnel, pero ahora del penal de alta seguridad el Altiplano, Edomex.
El domingo 21 de agosto de 2016 Carmen Aristegui difundió que por lo menos el 30% del contenido de la tesis de licenciatura en derecho de EPN había sido plagiado. Dicha tesis, titulada: El presidencialismo y Álvaro Obregón, fue presentada en la Universidad Panamericana. Así, de un total de 628 párrafos que conforman el texto, 197 de ellos fueron literalmente copiados sin que EPN citara la fuente. Los párrafos plagiados fueron tomados de libros escritos por Miguel de la Madrid, Jorge Carpizo, Diego Valadés y Jesús Orozco Henríquez.
Diez días después del escándalo del plagio y aconsejado por Luis Videgaray, secretario de Hacienda, EPN recibió en Los Pinos la visita de Donald Trump, candidato del Partido Republicano a la Presidencia de los Estados Unidos, no obstante que el actual Presidente norteamericano, sistemáticamente se manifestaba en contra de México y los mexicanos, a quienes quería obligar a pagar el costo de un muro que pensaba construir en la frontera con México. La visita que el candidato de la ultraderecha norteamericana hizo a México constituyó un importante espaldarazo que le generó un significativo número de votos entre los mexicanos que ya cuentan con la ciudadanía de E.U.
En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Norteamérica publicó un extenso documento con una serie de declaraciones de funcionarios de la empresa constructora brasileña Odebrecht, en donde éstos confesaron que entre el 2010 y el 2014 habían pagado en sobornos a gobiernos de 12 países, más de 450 millones de dólares con el fin de garantizarse la adjudicación de obras públicas. En México, y según Odebrecht, se entregaron 10 millones de dólares en sobornos. Posteriormente, en agosto de 2017, en el portal Aristegui Noticias se difundió un reportaje con el testimonio de tres funcionarios de la citada constructora en los que afirmaron que aquí, el dinero del soborno, había sido entregado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en el año 2012, en plena campaña presidencial de EPN. Este exfuncionario actualmente se encuentra detenido en España.
Una semana después de la primera información de Odebrecht, y con el reiterado argumento de que en México el gobierno le otorgaba un alto subsidio a los combustibles, la Secretaría de Hacienda anunció un aumento del 14 y el 22% en los precios de las gasolinas Magna y Premium, respectivamente.
En julio de 2017, en el Paso Exprés de la carretera Ciudad de México-Cuernavaca, se produjo un socavón de siete metros de profundidad en el que cayeron y murieron dos personas que viajaban en automóvil. La obra apenas había sido inaugurada tres meses antes por EPN y Gerardo Ruiz Esparza, su secretario de Obras Públicas y quien también había sido su colaborador en el gobierno del Edomex. El accidente se ocasionó por la mala calidad del material utilizado, siendo el responsable Ruiz Esparza, quien pese a la multitud de críticas recibidas por el caso se negó a dejar el cargo y EPN a destituirlo.
Durante el mes de septiembre de 2017 una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y del portal Animal Político de los informes de la Auditoría Superior de la Federación entre 2013 y 2014 reveló que el gobierno federal, a través de 11 dependencias, desvió al menos 3 mil 433 millones de pesos en contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos que se les entregaron a 186 empresas, de las cuales 128 no debían recibir recursos públicos porque no tenían ni la infraestructura ni la personalidad jurídica para proporcionar los servicios”. Los principales responsables de la triangulación del dinero fueron Rosario Robles, titular de la Sedesol, Alfredo del Mazo, director de Banobras y Emilio Lozoya Austin, director de Pemex y para lo cual utilizaron los servicios de algunas universidades públicas, empresas fantasmas y otro tipo de mecanismos ilícitos.
