El 28 de julio pasado se llevaron a cabo elecciones para renovar el Poder Ejecutivo en Venezuela. En ellas participaron diez candidatos, entre los cuales se encontraba el actual jefe de Estado de aquella nación, Nicolás Maduro.
Los primeros resultados se dieron a conocer en la madrugada del día siguiente por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 80 por ciento de las actas computadas, las cuales dieron como virtual ganador al candidato del Gran Polo Patriótico (GPP) y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, con el 51.2 por ciento de los votos.
El segundo lugar correspondió al candidato de la derecha, Edmundo González, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el cual sustituyó a María Corina Machado, candidata inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer cargos públicos durante 15 años por, entre otros motivos, propiciar sanciones internacionales en contra de su país.
Tras el anuncio de los resultados, se han suscitado diversas reacciones y acontecimientos nacionales e internacionales. Dentro de la esfera venezolana, la PUD expresó su rechazo a la reelección del presidente Maduro, afirmando que su candidato ganó el escrutinio con el 67 por ciento de los sufragios.
Por su parte, el virtual candidato ganador, Maduro, presentó ante el TSJ un recurso relacionado con el proceso electoral, que incluye un peritaje de los resultados y del ataque cibernético a los sistemas del CNE el día de la votación. Solicitó, además, el cotejo de cada elemento de prueba y que se convocara a todos los candidatos e instituciones involucrados en el proceso electoral, lo cual aconteció el 2 de agosto pasado, sin que acudiera el candidato González. Asimismo, Maduro ofreció entregar la totalidad de las actas electorales al Tribunal cuando este las requiera.
A nivel internacional, existe una corriente de países que no han reconocido los resultados del CNE a favor de Nicolás Maduro, como fue el caso de Estados Unidos, Perú, Argentina y Uruguay, entre otros. Incluso, la oficina del secretario general de la Organización de los Estados Americanos denunció “[…] acciones tendientes a distorsionar el resultado electoral”.
Por otro lado, hay Gobiernos que reconocen la victoria del presidente Maduro, como los de China, Rusia, Malí, Nigeria y Honduras, entre otros, mientras que algunos más optaron por esperar la culminación del proceso electoral, el cual contempla que todas las actas sean mostradas públicamente. Dentro de ese grupo de países se encuentran México, Brasil y Colombia, que suscribieron un comunicado conjunto en el cual llaman a las autoridades electorales venezolanas para avanzar en forma expedita y dar a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación. El texto señala también que “Las controversias deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados”.
A todo lo anterior se suma que, el mismo 2 de agosto, el CNE ratificó el triunfo de Maduro, con el 51.95 por ciento de los votos sobre González, que obtuvo el 43.18 por ciento de los sufragios, según el 96.87 por ciento de las actas escrutadas.
Diversas acciones y acontecimientos han marcado el proceso electoral de Venezuela en los últimos días. Su mediatización, principalmente corporativa, es otro de los factores persistentes para, en la mayoría de los casos, desinformar a la comunidad internacional respecto a lo que acontece en el país sudamericano, y justificar con ello el injerencismo de Gobiernos extranjeros y organismos internacionales en decisiones que solo corresponden al pueblo venezolano y a sus instituciones.
Por medio del presidente López Obrador, México ha expresado su respeto absoluto a la voluntad soberana del pueblo de Venezuela.
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