En el debate político, la reelección o no reelección se presenta con frecuencia como un tema central. ¿Debería permitirse que los representantes populares y alcaldes se postulen para otro mandato o no? ¿Es beneficioso o perjudicial para la democracia? Sin embargo, la realidad es que a la mayoría de la ciudadanía le importa poco o casi nada esta discusión.
Al presentar la iniciativa para la no reelección de senadores, diputados locales y federales, así como para alcaldes, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, revive un tema que ha sido objeto de un constante debate en la política mexicana y de la que algunos legisladores de todos los partidos políticos gozan en virtud a los votos alcanzados en el pasado proceso electoral.
Sin embargo, lo que realmente interesa a todas y todos los ciudadanos son los resultados tangibles y el cumplimiento de sus necesidades por parte de su gobernantes, alcaldes, regidores, diputados locales y federales. Los ciudadanos comunes o de “a pie”, como los nombran los políticos, están más preocupados por cuestiones inmediatas y prácticas: la seguridad en sus colonias y fraccionamientos, la calidad de la educación y los servicios de salud, la infraestructura y el transporte público, y la generación de empleos. Estos son los temas que afectan su vida diaria y sobre los cuales evalúan a todo servidor público.
Cuando los ciudadanos votan, lo hacen con la esperanza de ver mejoras concretas en sus comunidades; quieren ver calles bien pavimentadas, escuelas bien equipadas, hospitales funcionando adecuadamente y una reducción en los índices de criminalidad en todos los ámbitos de gobiernos, si estos aspectos son atendidos de manera efectiva, la cuestión de si un representante debe ser reelegido o no pasa a un segundo plano.
Los representantes populares y alcaldes tienen la responsabilidad de centrarse en las necesidades de sus electores; deben trabajar para cumplir con sus promesas de campaña y abordar los problemas más urgentes de sus comunidades. La reelección no debe ser su objetivo principal; en cambio, deben enfocarse en ser efectivos durante su mandato actual.
Mientras el debate sobre la reelección o no reelección continua, es crucial recordar que lo que realmente importa es la capacidad de los funcionarios y servidores públicos para proporcionar resultados que mejoren la vida de sus ciudadanos. La política debe centrarse en el servicio público y en la respuesta a las necesidades de la gente, no en la perpetuación en el poder. Los ciudadanos merecen líderes comprometidos con el bienestar de sus comunidades, independientemente de los términos de sus mandatos.
Sin embargo, podemos decir que la no reelección asegura la entrada de nuevas caras y visiones, evitando que muchos se perpetúen en el poder, limita el tiempo en el cargo y a la vez disminuye la posibilidad de que los servidores públicos elegidos por el voto popular utilicen su posición para construir redes en su beneficio a través de los programas sociales aprovechándose de las necesidades de la gente.
Además, fomenta la imparcialidad, ya que tanto los senadores, diputados y alcaldes pueden tomar decisiones más objetivas dejando de lado el proyecto para asegurarse una reelección.
Dentro de los aspectos negativos podemos citar la falta de experiencia, ya que la no reelección puede resultar en una pérdida de legisladores locales y federales experimentados, lo que podría afectar la calidad del trabajo legislativo; situación que se vive en muchos congresos locales.
Sin duda, existen muchos ciudadanos que ven la reelección como una puerta a la corrupción y el clientelismo, muchos más como un obstáculo para la profesionalización de la política, argumentando que la experiencia es crucial para una tener políticas efectivas.
La propuesta de Claudia Sheinbaum sobre la no reelección tiene implicaciones profundas que deben ser cuidadosamente consideradas en todos los niveles de gobierno. La clave será encontrar un balance que promueva tanto la renovación y la transparencia como la efectividad y la experiencia legislativa.
De ser aprobada esta iniciativa, por el Congreso de la Unión comenzaría a aplicarse a partir de las elecciones de 2030, impidiendo que quienes ocupen cargos públicos en ese año puedan postularse para la reelección según el documento enviado a Secretaría de Gobernación.
