La constitución es la norma suprema de un país en las democracias liberales, gracias a que
contiene los principios fundamentales del orden político y jurídico. Es por eso que la elaboración -y reforma- de la norma constitucional debe operarse paso a paso, con moderación y prudencia; justo para dotarla de estabilidad, propiciando con ello su plena vigencia para regular y hacer posible la vida colectiva de los seres humanos.
Fue voluntad del constituyente mexicano desde 1917 que nuestra constitución no quede sujeta a los cambios azarosos de la vida política, por lo que estableció un proceso especial para realizar reformas constitucionales, con mayor rigidez, con requisitos superiores a los que se necesitan para modificar la ley ordinaria.
El propósito de incluir un modelo mas complejo para cambiar una norma constitucional, con la exigencia de mayoría calificadas de votos (dos terceras partes) al interior de los órganos legislativos, es justamente con el fin de que las reformas reflejen la pluralidad que caracteriza la integración del poder legislativo. A pesar de ello, las ultimas reformas constitucionales en las cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la Unión, se han caracterizado por ser unilaterales, sin incorporar las objeciones o propuestas de otras fuerzas políticas, tal como sucedió con la reforma judicial en la que no fueron escuchados estudiantes, empresarios, jueces, socios comerciales internacionales, abogados, académicos; quienes a pesar de externar propuestas y argumentos valiosos no fueron escuchados al no incorporarse ni una sola de sus proposiciones en el nuevo texto constitucional.
Son las normas contenidas en la constitución las que distribuyen, limitan y acotan el ejercicio del poder publico. Los limites para ser efectivos deben quedar plasmados en normas jurídicas, las que deben ser interpretadas por tribunales profesionales e independientes, tal como sucede en las repúblicas democráticas.
El ciudadano tiene mas garantías de que sus derechos (a la vida, a la propiedad, a la libertad, a la igualdad ante la ley, entre otros) serán respetados cuando la autoridad tiene limites complejos de superar para cambiar la ley de manera intempestiva, para tomar decisiones que lleven a remover fiscales, jueces, magistrados y ministros. Cuando las facultades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial están bajo control de una sola persona, grupo, o fuerza política, los gobernados sufren el debilitamiento de su derecho a la defensa jurídica para enfrentar cualquier tipo de atropello.
Es difícil encontrar en el corto plazo un verdadero limite a la actuación avasalladora de la mayoría durante las últimas semanas. Ampliando la visión para encontrar una esperanza, la ubicamos en el ámbito financiero, en los inversionistas extranjeros, en la presión de los socios comerciales y de los organismos internacionales. Me resisto a creer que la única ruta que conduce a soluciones incluyentes y equilibradas se ubica fuera del entorno nacional.
La esperanza de los mexicanos debe trasladarse al interior del país, debemos cimentarla en la posibilidad de que el próximo gobierno federal despliegue un proceso incluyente y dialogante en la conducción política de la nación. La mayoría legislativa y la legitimidad política constituyen una oportunidad para que el país regrese los próximos seis años a la senda de las coincidencias, alejándose de la narrativa del encono, puesto que esta comprobado que la tolerancia y la mesura son el camino de mejores resultados en el bienestar social e institucional de una nación.
