Ley General de Responsabilidades administrativas y el combate a la corrupción
Hoy por hoy, estos dos temas forman parte del entramado de obligaciones que los servidores públicos deben cumplir por ley y las administraciones de gobierno (de los tres niveles de gobierno) deben tomar acciones contundentes, pero sobre todo articuladas con una estrategia definida para fomentar el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades, una ley de la que mucho hemos escuchado y poco hemos conocido, una legislación que deroga a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y que se emitió para la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, que como se sabe, está integrado por diversas instituciones.
Todas las áreas que conforman el engranaje y la estructura de los gobiernos, tienen retos y obstáculos de forma cotidiana, que para subsanarlos o para superarlos, deben de tomar decisiones cada día, pero ésas decisiones deben de estar bien fundamentadas para no caer en la omisión ó en el error o bien en la violación de la ley. Con la aplicación de esta ley relativamente nueva (ya que fue publicada el en Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016), se fortalece un verdadero derecho disciplinario, con ámbito de aplicación y naturaleza jurídica propia, pero lo más importante, con procedimientos de investigación y de resolución mucho más ágiles y más justos.
Estos procedimientos pueden ser de mucha ayuda para solventar viejos vicios administrativos que son acarreados por las administraciones sexenales y municipales de las entidades federativas, vicios como – por supuesto – la corrupción, la cual exacerbó los ánimos del electorado hace seis años, cuando se votó por un candidato que tenía 18 años recorriendo el País y enardeciendo a los electores con señalamientos (algunos ciertos y otros no tanto) que terminaron por convencer del cambio en la intención de voto en México, con las consecuencias que ya tenemos a la vista (buenas o malas usted lo decide).
En este sentido, resultó evidente que la democracia encontró a un pueblo agraviado por la descarada y evidente corrupción que beneficiaba a un mínimo porcentaje de la población nacional (los más ricos entre los ricos), mientras que la mayoría se fletaba diario para sacar adelante a una familia que no sabía si tendría para pagar las cuentas y comer al siguiente día.
Empero, sin embargo, esto no ha cambiado, los mexicanos de a pie, los que tenemos que echar a andar la ardilla para que chille la cazuela (como comúnmente se dice) seguimos esperando un cambio que verdaderamente convoque al progreso y se traduzca en prosperidad familiar desde luego pero también en prosperidad nacional.
Pero no nos desviemos, lo que debemos de hacer los gobernados, es impulsar con acciones y a través de nuestros representantes populares y de las redes sociales, el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y con este cumplimiento, el manejo adecuado y eficiente de la Información que muchas veces es tergiversada para construir escenarios de castillos que son fotografiados para aparentar avances administrativos. El Sistema Nacional Anticorrupción no puede ni debe ser un elefante blanco, debe ser una entidad fortalecida que brinde seguridad jurídica de justicia pronta y expedita a quienes son agraviados por la terrible corrupción que prevalece en nuestro País.
Hoy más que nunca, debemos fortalecer a las instituciones de defensa ciudadana ante el abuso de la autoridad gubernamental (de instituciones de los tres niveles de gobierno), debemos defender nuestros derechos, solicitar a nuestras Candidatas y Candidatos que de llegar a ocupar un cargo de elección popular, se pongan la camiseta del pueblo que los eligió y defiendan con su voto, las herramientas y garantías de seguridad jurídica para el ciudadano común y corriente.
En este sentido, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es una de las Legislaciones que obliga a las y los funcionarios a cumplir con reglas y normatividades, con leyes que han sido creadas para evitar que la ocurrencia, que la negligencia, la ineptitud, la ignorancia y la corrupción de los actos de gobierno perjudiquen a los gobernados, bajo el argumento disfuncional de favorecer “el bien superior de la nación”.
