Ante los graves acontecimientos que se han venido suscitando en contra de personal médico y de seguridad pública, que llevan a cabo acciones de salud para contrarrestar los efectos de la pandemia que ataca al país y al mundo entero, vale la pena reflexionar si estos comportamientos sociales, de ataque, agresión e intimidación, son producto de una acendrada ignorancia de los individuos o de la población que comete dichos actos, o si son motivados por otros intereses.
Casi desde el comienzo de la pandemia comenzaron las agresiones y la discriminación contra el personal de salud, médicos, enfermeras y otros trabajadores, e incluso contra personas que habían dado positivo al virus, lo que fue consignado en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales, denunciando que las agresiones contra personal médico y de enfermería que atendía a pacientes de Covid-19 en distintos estados del país iba en aumento, como lo reportó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al reportar que, entre el 6 y el 9 de abril, las denuncias por actos de discriminación que recibió aumentaron más del doble.
En esos días, los incidentes más recurrentes fueron prohibir el uso del transporte público, así como agresiones físicas y verbales, lo cual en parte fue contrarrestado por las autoridades al proporcionar mayor vigilancia y apoyar a algunos trabajadores de la salud con transporte gratuito de su casa al hospital.
Sin embargo, las agresiones y discriminación no han cesado e incluso en algunos estados y municipios se han agravado, al punto de generarse manifestaciones sociales que como turbas, causan destrozos a propiedades y vehículos de presidencias municipales y del sector salud, sin que la autoridad tome cartas en el asunto.
Pero ¿qué es lo que realmente ocurre?, ¿por qué tanta gente está reaccionando en contra de las acciones de sanitización que se han realizado en algunas comunidades y espacios públicos? La respuesta parece estar en una serie de mensajes y comunicados que se han estado difundiendo a través de las redes sociales, en las que personas u organizaciones anónimas incitan a los individuos y a la población a reaccionar violentamente ante estas acciones, bajo el argumento de que en lugar de acabar con el virus, lo que se pretende es diseminarlo aún más, para que cause muchas muertes entre la población, diciendo que es una estrategia para acabar con la sobrepoblación del planeta, o es un acto de dominación de los países de gran capital, que quieren acabar con la población adulta para evitar el pago de pensiones.
Estas ideas de grandes conspiraciones infundadas son comunes en las redes sociales, lo cual no representaría mayor problema si no fuese porque mucha gente con bajo nivel educativo, preferentemente, toma crédito de tales dichos y reacciona de manera violenta, sin más argumento que la enajenación que vivió al recibir un mensaje erróneo, no corroborado en cuanto a su veracidad o autenticidad.
Estamos, creo yo, ante un grave problema de ignorancia, de incapacidad intelectual y moral para distinguir la verdad de la falsedad, o lo bueno de lo malo; un problema que podría tener su raíz en el hecho de que una gran parte de la población en México tiene un bajo nivel educativo; o bien, que la educación que han recibido, en los pocos o muchos años que hayan ido a la escuela no les ha servido para desarrollar un mejor juicio y una mayor capacidad para discernir lo que es verdad o mentira, o más grave aún, que son fáciles de influenciar y que actúan no por voluntad propia, sino por voluntad ajena.
En México, los habitantes de 15 años y más tienen 9.1 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la educación secundaria concluida. Por tanto, si tenemos en cuenta que en el país residen 124.9 millones de personas, y que poco más del 74 por ciento tienen más de quince años, estamos hablando de más de 93 millones de personas que en teoría hicieron al menos estudios de secundaria.
Ahora bien, si vemos en las noticias que los agresores al personal médico y de seguridad pública tienen más de 15 años, la reflexión obligada sería acerca de que si con la educación que recibieron no les alcanza para pensar que esas personas lo que hacen es ayudar a los enfermos a que se recuperen y que las acciones de higiene y sanitización públicas buscan nada más y nada menos que el bienestar colectivo.
En este contexto, sin un mayor análisis que el sentido común, pareciera que la educación pública en el país no está cumpliendo con la función de educar a las personas y de formar ciudadanía; es decir, los contenidos curriculares que se abordan no están siendo lo suficientemente efectivos para que las personas adquieran conocimientos, desarrollen habilidades y se formen con actitudes y valores que les permitan una sana convivencia y una conducta social apegada a preceptos científicos, morales y ciudadanos, que promueva la aceptación y la relación social armónica.
Se justifica y se requiere pues una revisión al modelo educativo del país, el que tantas veces ha sido revisado y reformado en los últimos años, pero que al parecer no ha podido consolidarse y sigue careciendo de los elementos mínimos para educar intelectual, social y cívicamente a las personas, pues el comportamiento antisocial, antimoral y antilegal de personas y grupos así se demuestra en los actos cotidianos de desobediencia social, violencia y agresión, en este caso de quienes están tratando de detener la pandemia, pero en general, la descomposición de la sociedad mexicana es evidente, pues la delincuencia parece no tener fin, los feminicidios, la violencia familiar, el narcotráfico, la corrupción, el nepotismo, el compadrazgo y el encubrimiento son cosa de todos los días, a pesar de que cada seis años, gobierne quien gobierne, se nos promete que se habrán de acabar.
Queda pues en el ámbito de los educadores, los académicos, los investigadores, los líderes educativos y los gobernantes la tarea de repensar la educación, con la idea de construir un modelo educativo que de verdad transforme la forma de pensar y de actuar de quienes pasen por las escuelas y que al menos, al concluir la secundaria y el bachillerato se haya formado una auténtica ciudadanía, con personas responsables de sus actos, fundados en comportamientos científicos, éticos y morales, que honren sus acciones y que trabajen por el bien común.
