Con cerca de 772 funcionarios capacitadores, asistentes y supervisores electorales, quienes desarrollan sus actividades en campo, el Instituto Nacional Electoral (INE), ha registrado diversos incidentes entre los que se encuentran dos casos de asaltos a su personal en Gómez Palacio y uno más en la ciudad de Durango, mientras realizaban sus recorridos como parte del desarrollo de sus actividades correspondientes a la preparación de la jornada electoral.
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De acuerdo con información de la vocal ejecutiva del INE en Durango, Araceli Frías López, se trata de incidentes menores y algunas caídas de trabajadores en zonas de difícil acceso, ninguno de los cuales han sido de gravedad.
Explicó que recientemente se tuvo una entrevista con el subsecretario de Gobierno, con quien se han coordinado en el tema de seguridad durante el desarrollo del proceso electoral, y luego en la jornada el próximo 2 de junio, “estamos al pendiente de cuidar esta elección, para que sea lo más pulcra y tengan los ciudadanos el libre acceso para ejercer su voto”, comentó.
Asimismo reconoció que se tiene comunicación constante con los partidos para atender cualquier solicitud de seguridad para sus candidatos en caso de sentirse inseguros o detectar factores de riesgo durante la campaña, no obstante hasta ahora ninguno de ellos ha manifestado interés en activar el esquema de protección que se tiene previsto para ellos.
Frías López, recordó que ellos no son la autoridad que brinda la seguridad propiamente, pues solo sirven como intermediarios para intervenir en la solicitud ante las autoridades correspondientes, por lo que los interesados deben acercarse al INE para llenar un formato que se envía al Consejo General y se distribuye en el área encargada, con una respuesta en menos de 24 horas.
Se cuenta con una clasificación de seguridad con rangos que van desde alto, medio y bajo; según el tipo de clasificación es la cantidad que se les da de apoyo. En este sentido, Durango se encuentra en un rango bajo de inseguridad ante la inexistencia de denuncias por actos de intimidación o amenazas.
