Aproximadamente 600 personas han desaparecido o no han sido localizados, esto de acuerdo con los reportes de la base de datos con la que cuenta la Fiscalía General del Estado (FGE), indicó su titular, Sonia Yadira de la Garza Fragoso.
Explicó que dicho registro cuenta con 700 nombres de personas desaparecidas, sin embargo cerca un centenar ya regresó a sus hogares, “estamos en toque de puerta, ya que muchos regresaron a su hogar y no retiraron la denuncia”, explicó, pues la información concentrada se encuentra desde hace 10 años.
La Fiscal enfatizó que de las 700 personas no localizadas o desaparecidas cerca de 100 regresaron desde hace mucho tiempo, sin embargo en las redes sociales siguen circulando sus fotografías de búsqueda debido a que no han retirado la denuncia.
Añadió que actualmente se investiga el caso de una persona no localizada, quien se fue por su propio pie hacia Coahuila, ya que compró un boleto de abordaje, sin embargo es menor de edad y se busca en conjunto con las autoridades del estado vecino.
De la Garza Fragoso, puntualizó que Durango es un estado que cuenta con fosas comunes en los panteones, con el objetivo de contar con una identificación debidamente y en caso de ser necesario, hacer la entrega de los restos de las personas que hasta ese momento son identificadas, ante ello indicó que la Fiscalía a su cargo trabaja de manera conjunta con el Colectivo Vida y la Comisión de Víctimas con el objetivo de encontrar a las personas desaparecidas.
De igual forma refirió que la base de datos de personas no identificadas o desaparecidas es antigua, pues desde hace 10 años fue creada.
La funcionaria estatal se refirió también al caso de los migrantes que fueron privados de su libertad en una casa de seguridad en la colonia San Ángel, ubicada en esta ciudad capital, expuso que en el lugar no había ninguna persona cuidándolos.
De igual forma dejó claro que ningún migrante quiso declarar y las pruebas de integridad física arrojaron que estaban en buenas condiciones.
En el lugar había menores de edad acompañados por sus padres o tutores y actualmente están resguardados por el Instituto Nacional de Migración (INM), la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para descartar que se pudiera presentar delitos del fuero común, concluyó la entrevistada.