Actualmente son solo cinco los menores que se encuentran en internamiento en el Centro para Menores Infractores (Certmi) que se encuentra en la capital del estado por haber cometido algún delito que ameritó dicha medida, no obstante otros 60 adolescentes llevan su proceso el libertad, así lo afirmó el magistrado presidente del Tribunal de Menores Infractores de Durango, Álvaro Rodríguez Alcalá.
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Asimismo, señaló que durante el 2022 se llevaron en total 126 procesos jurídicos que involucraron a un adolescente, de ahí que pese a no imponerles un castigo como tal, ningún hecho queda impune. El magistrado destacó que para poder internar a un adolescente, este debe tener entre 14 y 17 años; así como haber cometido un delito grave; y que por su contexto familiar y personal no se le puedan brindar las herramientas necesarias de formación, de ahí que menores de 14 años no pueden ser internados según la legislación.
Explicó que un adolescente que se ve involucrado en un hecho delictivo recibe una sanción, pero es una medida formativa, porque el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes no castiga, es educativo para reincorporar a los menores en sociedad y con sus familias, “que tengan una experiencia de legalidad, y que no vuelvan a delinquir”, informó Rodríguez Alcalá, al ser cuestionado del reciente caso de un grupo de menores que agredieron a un policía con una piedra y le provocaron la muerte.
Aseguró que si el menor no está interno, no significa que evadirá un sistema de responsabilidades, Sin embargo de acuerdo con el delito cometido, se brinda una medida formativa, que puede ser desde ir a la escuela, aprender un oficio, realizar servicio en favor de la comunidad, y en casos graves, se toma la medida extrema de internamiento en el Centro para Menores Infractores (Certmi).
En Durango se tienen antecedentes registrados por homicidios, secuestro, violación; aunque en los últimos años los principales delitos cometidos por los menores son las lesiones, en primer lugar; seguido, por delitos de índole sexual; y después el robo, donde mucho tiene que ver con el consumo de alcohol, drogas y retos virales.
“Es poca a reincidencia cuando se hace un buen trabajo, sí hay casos reincidentes pero son pocos”, comentó al señalar que los ciudadanos suelen asociar a la cárcel como un castigo, pero si esto no aplica en el caso de los adultos, mucho menos cuando se trata de adolescentes.
El especialista explicó que el tema está polarizado entre la sociedad debido a que suele abordarse desde el adulto y bajo la conocida frase “el que la hace la paga”, sin embargo en el caso del sistema penal para adultos ya existe un juicio de por medio y por ello reciben una pena en un Centro de Reinserción Social (Cereso), en cambio los menores infractores aún se encuentran en desarrollo en todos a nivel físico, mental y social; por eso se procura un sistema de formación.
Sobre la responsabilidad de los padres por los hechos cometidos por sus hijos, aclaró “no hay responsabilidad penal para los padres, porque no se le puede trasladar el hecho, el derecho penal es de acto, implica que la consecuencia jurídica es para la persona que realizó la conducta, sin embargo los padres sí tenemos un responsabilidad y la sociedad en la prevención, que es donde deberíamos estar pendientes”, dijo.
Aseguró que si bien jurídicamente no es vinculante, sí debe realizar la reparación del daño, “pero castigar a un padre por lo que hizo su hijo menor de edad penalmente no lo permite la ley, y estamos hablando de una legislación nacional, vigente desde el 2016, aunque como padres tenemos mucha responsabilidad del actuar de nuestros hijos”.
Insistió en que la educación debe iniciar desde casa, y por parte del estado a través de campañas y programas, pero si no es posible y ya se cometió el hecho, corresponde al Tribunal de Menores tratar de buscar la solución, reparar el daño y formar al menor.
