En la recta final del ejercicio presupuestal 2020, se trabaja en el análisis de la efectividad que tuvo el gabinete y el gabinete ampliado, luego de tomar en cuenta los recortes que se sufrieron este año indicó, Rosario Castro Lozano, coordinadora de gabinete estatal.
Explicó que actualmente se examina cómo cerraron los proyectos federales que manejan en algunas dependencias como el Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Obras Públicas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Expuso que con lo analizado hasta el momento, se considera que cerrarán el ejercicio 2020 sin ningún problema presupuestal.
Al ser cuestionada sobre el retiro de fideicomisos y fondos, así como el impacto que tendrá el no recibir estos recursos en las entidades federativas, explicó que hace 40 años se firmó el pacto federal, en el cual los estados cedieron parte de su soberanía para que fuera la federación la que distribuyera el recurso, “pero las fórmulas nunca se han modificado y actualmente el Gobierno federal está concentrando el presupuesto para sí, lo que lesiona este pacto que está contemplado en el artículo 40 constitucional”, dijo.
Añadió que no solo se debe tomar en cuenta en qué y quién se gasta el dinero, sino el impacto que éste recurso tiene en la vida de la población.
Rosario Castro hizo énfasis en que si dicho recurso se libera sin reglas de operación y mecanismos de evaluación, no habrá manera de medir el beneficio que tendrá en la población, “si el municipio crece, el estado y el país, crece; sino se da recurso al estado y el municipio, el país desde el centro difícilmente crecerá, no se puede medir igual a los desiguales”, indicó.
La coordinadora del gabinete comentó que la Alianza Federalista se ha pronunciado en diversos temas como la salud, que en la actualidad es prioridad y va de la mano con la economía de los ciudadanos.
“Quitar el Fondo Minero es lastimar a 12 municipios que utilizaban esos recursos para obras de infraestructura de agua y drenaje, electrificación, vías de acceso y para impacto de combate a la pobreza, si se elimina y se concentra no hay manera de saber a quién y cómo se le entrega”, indicó la entrevistada.
Para finalizar expuso que existe responsabilidad en los legisladores federales, quienes son el conducto para que el estado pueda contar con mayor recurso que se destine a infraestructura y esto a su vez en empleos y mejor calidad de vida.