Por un decreto administrativo, la Secretaría de la Contraloría extendió al 30 de junio el plazo a funcionarios públicos para presentar la declaración patrimonial, en caso de no hacerlo se les puede levantar un procedimiento administrativo y derivar incluso en el despido.
Así lo dio a conocer la titular de Secoed, Leila Raquel Arreola Fallad, quien explicó que originalmente se tenía previsto el cierre el 31 de mayo, sin embargo el gobernador del estado, José Aispuro Torres, instruyó para que se emitiera un decreto por parte de esta dependencia, a fin de extender la fecha de cierre ya que hasta el momento han cumplido cerca de 52 mil de los 56 mil sujetos obligados.
Indicó que quienes presenten su declaración al 30 de junio no se les va a investigar o a requerir para que lo hagan mediante un procedimiento administrativo. Mientras que en el caso de aquellos funcionarios que incumplan con este trámite en la fecha indicada, primero serán identificados y posteriormente recibirán un oficio en el que se les darán otros tres días de gracia para que por las vías digitales presenten su declaración.
Aún así, los servidores públicos que no lo hagan, serán objeto del procedimiento administrativo que está considerado en la Ley de Responsabilidades.
Además la sentencia derivada del procedimiento puede ser desde una sanción, un apercibimiento y hasta una suspensión temporal o definitiva del cargo.