/ jueves 25 de junio de 2020

Aprueba Coparmex combate a empresas fantasma

Pero desaprueba que empresas que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados sean comparados con un terrorista o narcotraficante

Coparmex Durango se manifiesta en contra de aquellas empresas fantasmas que realizan operaciones simuladas, al emitir comprobantes fiscales y generar un beneficio indebido, ya que crea una distorsión económica y competencia desleal. Este organismo está a favor de la lucha que ha emprendido Gobierno federal, pero lamenta que para ello se empleen medios injustos.

A decir de Óscar Moreno Littleton, aunque es una causa justa, a su juicio, en la forma en la que libran esta lucha se utilizan medios injustos. Recordó que se ha insistido en otras herramientas para el combate a las empresas fantasma, que no permitan que “justos paguen por pecadores”, y es que demasiado poder sin equilibrios, provoca injusticias, y la excesiva discrecionalidad provoca siempre corrupción.

Destacó que es correcto, aún y cuando esto conlleve mayores cargas administrativas, contables y de control para los contribuyentes en general que, las personas físicas o morales queden obligadas a retener una parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se cause cuando se presten servicios independientes.

Reiteró estar a favor de la lucha contra estas empresas que no ayudan al progreso del país, pues afecta severamente a la recaudación fiscal justa y correcta de los impuestos.

Dijo además que está de acuerdo en que estas persecuciones se orienten a incluir las operaciones de compra de los Gobiernos federal, estatales, municipales y organismos descentralizados, pues es claro que estos mecanismos se han aprovechado principalmente en este tipo de compras y no se ve a algún funcionario público perseguido por permitir estas operaciones, y si concentradamente sus esfuerzos se dirigen solo al sector empresarial.

Moreno Littleton recordó cuando él mismo fue acusado de “facturero” por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que se demostró que era una acusación falsa y como ha pasado ya con otras empresas reconocidas en la localidad, a las que se les cancelaron los sellos digitales de facturación sin haber cometido una falta fiscal debido a la relación que tuvieron en su momento con alguna empresa facturera, pero que de ninguna manera la empresa local había comprado o usado facturas y sin embargo recibió el castigo mientras se investigaba.

Asimismo dijo no estar de acuerdo en que se adicione al Artículo 2, primer párrafo, una fracción XI, en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que considere a quienes expidan, adquieran o enajenen comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, previsto en el artículo 113 BIS, segundo párrafo, miembros de la delincuencia organizada, es decir, un narcotraficante o terrorista.

Reiteró que el enfoque de Coparmex es el mismo que este Gobierno federal en cuanto a combatir estas empresas factureras, pero se busca erradicar el problema de manera conjunta, apoyando en todo lo posible, aunque también se debe opinar y alzar la voz cuando difieren en las formas, a fin de velar por los Derechos Humanos del contribuyente.

Coparmex Durango se manifiesta en contra de aquellas empresas fantasmas que realizan operaciones simuladas, al emitir comprobantes fiscales y generar un beneficio indebido, ya que crea una distorsión económica y competencia desleal. Este organismo está a favor de la lucha que ha emprendido Gobierno federal, pero lamenta que para ello se empleen medios injustos.

A decir de Óscar Moreno Littleton, aunque es una causa justa, a su juicio, en la forma en la que libran esta lucha se utilizan medios injustos. Recordó que se ha insistido en otras herramientas para el combate a las empresas fantasma, que no permitan que “justos paguen por pecadores”, y es que demasiado poder sin equilibrios, provoca injusticias, y la excesiva discrecionalidad provoca siempre corrupción.

Destacó que es correcto, aún y cuando esto conlleve mayores cargas administrativas, contables y de control para los contribuyentes en general que, las personas físicas o morales queden obligadas a retener una parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se cause cuando se presten servicios independientes.

Reiteró estar a favor de la lucha contra estas empresas que no ayudan al progreso del país, pues afecta severamente a la recaudación fiscal justa y correcta de los impuestos.

Dijo además que está de acuerdo en que estas persecuciones se orienten a incluir las operaciones de compra de los Gobiernos federal, estatales, municipales y organismos descentralizados, pues es claro que estos mecanismos se han aprovechado principalmente en este tipo de compras y no se ve a algún funcionario público perseguido por permitir estas operaciones, y si concentradamente sus esfuerzos se dirigen solo al sector empresarial.

Moreno Littleton recordó cuando él mismo fue acusado de “facturero” por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que se demostró que era una acusación falsa y como ha pasado ya con otras empresas reconocidas en la localidad, a las que se les cancelaron los sellos digitales de facturación sin haber cometido una falta fiscal debido a la relación que tuvieron en su momento con alguna empresa facturera, pero que de ninguna manera la empresa local había comprado o usado facturas y sin embargo recibió el castigo mientras se investigaba.

Asimismo dijo no estar de acuerdo en que se adicione al Artículo 2, primer párrafo, una fracción XI, en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que considere a quienes expidan, adquieran o enajenen comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, previsto en el artículo 113 BIS, segundo párrafo, miembros de la delincuencia organizada, es decir, un narcotraficante o terrorista.

Reiteró que el enfoque de Coparmex es el mismo que este Gobierno federal en cuanto a combatir estas empresas factureras, pero se busca erradicar el problema de manera conjunta, apoyando en todo lo posible, aunque también se debe opinar y alzar la voz cuando difieren en las formas, a fin de velar por los Derechos Humanos del contribuyente.

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