En sesión extraordinaria, la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), acordó respecto a la solicitud realizada por una diputada local Sandra Amaya Rosales, implementar medidas cautelares por la presunción de violencia de política de género.
La Comisión de Quejas y Denuncias resolvió declarar procedente la medida cautelar solicitada, esto luego de realizar un análisis de riesgos y un plan de seguridad que contempla: a quien presida las sesiones de la Comisión Permanente u otros órganos del Honorable Congreso del Estado, en donde concurran las partes, se le conmina a que en el desarrollo de las mismas, garantice que se cumplan las disposiciones internas respecto al orden y el respeto en las deliberaciones, con el fin de prevenir conductas similares a la denunciada.
Asimismo se señala que el legislador local probable responsable, en el ejercicio de su derecho parlamentario, se abstenga de realizar señalamientos, expresiones o utilizar simbolismos, que puedan constituir violencia política en razón de género, hacia la quejosa.
Una medida cautelar sirve para cesar los actos o hechos que constituyan la presunta infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidos en la ley, hasta en tanto se apruebe la resolución definitiva.
Es importante mencionar que la adopción de la medida cautelar de ninguna manera prejuzga sobre el fondo del asunto, no implica que la Comisión haya determinado que el diputado ejerció violencia, sino que, con las medidas adoptadas, se busca prevenir alguna posible afectación, en los derechos políticos de la diputada.
La configuración o no de la violencia política en razón de género, quedará supeditada al análisis de fondo que realice el Consejo General del IEPC al momento de emitir la resolución definitiva.
Con esta resolución, el IEPC y su Comisión de Quejas y Denuncias, marcan un parteaguas en el país, al ser pioneros en la adopción de este tipo de medidas, que buscan privilegiar el derecho de las mujeres al ejercicio de sus derechos políticos, y prevenir cualquier tipo de violencia en sus derechos que se ejerza en contra de ellas, por el simple hecho de ser mujeres.
En próximos días se llevarán a cabo las siguientes etapas del Procedimiento Especial Sancionador, y la autoridad electoral se pronunciará sobre el fondo del asunto.
