Finalmente los diputados locales no modificaron la propuesta de presupuesto a favor del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), ya que aprobaron 282 millones de pesos a pesar que las necesidades reales del organismo son de 422 millones de pesos debido a la magnitud del próximo proceso comicial; que si bien no está en riesgo la democracia en Durango, no puede decirse lo mismo de la organización de las elecciones que requieren mucho más de lo aprobado, señaló el consejero presidente, Roberto Herrera Hernández.
Al aprobarse el paquete económico por poco más de 35 mil millones de pesos para en el estado de Durango, la propuesta del Ejecutivo para el IEPC fue de 282 millones de pesos y así quedó, a pesar del llamado que hizo el presidente de este organismo para que los diputados fueran sensibles a las necesidades presupuestales que por la naturaleza de la próxima jornada electoral requieren 422 millones y lo aprobado será insuficiente, aseveró.
Argumentó que en el proceso electoral pasado se aplicaron 270 millones de pesos, solamente que para el del año entrante se requiere mucho más organización y trabajo; consecuentemente mayores recursos. Hay que instalar 39 Consejos Municipales, habrá que agregar una boleta a gobernador, se tiene que contemplar el voto de los duranguenses en el exterior y otros gastos que demandan de una mayor carga presupuestal.
Aunque en esta ocasión dijo que no se encuentra en riesgo la democracia en Durango, Herrera Hernández advirtió que si peligra la organización de las elecciones, pues con 282 millones resulta insuficiente poderlas llevar a cabo, aún cuando se planteara otra reducción al salario de los Consejeros Electorales que la última fue hace dos años del 8% y les sitúa entre los de menores percepciones a nivel nacional.
Respecto a una posible impugnación que presentarían ante el Congreso de Durango, puntualizó que esa será una decisión que se tome en forma colegiada al interior del instituto, aunque tienen claro que deben dar los pasos necesarios para poder organizar una elección eficiente, que le garantice el derecho constitucional a los ciudadanos de votar y ser votados.