Una iniciativa de reforma constitucional “antichapulín” se presentó en el Congreso del Estado: quienes contiendan para presidentes, síndicos y regidores de los ayuntamientos deberán obligatoriamente renunciar definitivamente a su cargo 90 días antes del día de la elección y así evitar que los políticos “chapulines” violen la legislación a su conveniencia.
Al presentar una iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado, Rigoberto Quiñones Samaniego expuso que si bien es cierto la democracia es una forma de organización en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta, por medio de la que legitiman la elección de sus representantes, es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres para garantizar la elección.
“En la vía del hecho esto no es del todo así, ya que es indignante el actuar de algunos presidentes, expresidentes, síndicos o regidores, que desempeñando su función de servidores públicos quieran servirse del pueblo, como es el caso del actual presidente municipal José Ramón Enríquez Herrera al haber tomado protesta como Senador de la República, pedir licencia y regresar al cargo como presidente de la capital”, puntualizó el coordinador de Grupo Parlamentario del PT.
En este sentido, destacó que este tipo de prácticas son las que evidencian la labor de los servidores públicos con su actuar ilegal, defendiendo falsas promesas proclamadas hacia la ciudadanía para así ganar la confianza del electorado afirmando que nunca van a dejar el puesto por contender por otro, y finalmente llegando al poder se olvidan totalmente de quien les dio su confianza.
“Desde esta máxima tribuna damos cuenta del ilegal actuar de algunos presidentes, síndicos y regidores, los que son designados para servir al pueblo y tienen la obligación de cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, las leyes y reglamentos; es decir, están para servir a la ciudadanía y no servirse de ella”, señaló.
De no hacerlo, el servidor público que contravenga a lo establecido en el párrafo anterior será sancionado por el Poder Legislativo, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, manifestó a la sociedad que no está sola, que están de su lado y su actuar siempre será encaminado a no permitir que la corrupción siga imperando en los municipios de nuestro querido estado.