Se busca que la Ley 3 de 3 se aplique en el municipio de Durango, para que hombres y mujeres con antecedentes de violencia o que sean deudores alimentarios no puedan acceder a ningún cargo público, señaló la regidora Fátima del Rosario González Huizar.

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Explicó que de la mano con colectivos feministas analizan las opciones para adaptar la Ley 3 de 3, y con ello evitar que lleguen candidatos hombres o mujeres que sean deudores alimentarios o tengan antecedentes de violencia a los puestos públicos.

"Buscamos que no existan funcionarios con dichas características y así asegurar la honestidad, el trabajo y la calidad del perfil de los funcionarios", aseguró la también representante de la fracción priista en el Cabildo de Durango.

Al ser cuestionada sobre el tendedero de deudores que se instalará el próximo 22 de octubre, respondió que está a favor de la libertad de expresión, “cuando no se tiene acceso a una justicia pronta y expedita, son las maneras que tenemos las mujeres de expresar las situaciones que estamos viviendo”, puntualizó.

Agregó que dichas manifestaciones también deben invitar a que se contribuya en la cultura de la denuncia, además de que las mujeres den seguimiento a los procesos y, sobre todo, que las autoridades tengan empatía con las víctimas y no las revictimicen. Para lograr este objetivo, será necesario la sensibilización y capacitación de los funcionarios públicos.

De igual forma, la regidora subrayó que la Comisión de Equidad de Género, a la cual pertenece, trabaja en el seguimiento al protocolo Vivas. Ya se concluyó con la reforma estructural a los lineamientos y se iniciará con la capacitación del personal de restaurantes y antros que cuentan con venta de bebidas alcohólicas, lugares donde se han suscitado casos de acoso y violencia contra las mujeres.

Actualmente se realizan mesas de trabajo con las cámaras y empresarios para poder consolidar la estrategia Vivas, y será el primero de noviembre cuando inicie. A finales de octubre se presentará, enfatizó González Huizar.

Cabe hacer mención de que el objetivo de la "Ley 3 de 3" es que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular en los tres órdenes de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal.