El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó iniciativa con adiciones al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, con la que se propone sancionar a empleadores y padres de familia de los menores de 15 años de edad, con la finalidad de evitar el trabajo infantil.
El término “trabajo infantil” se define por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como “todo aquel que priva a las y los niños de su niñez, de su potencial y su dignidad, así como aquella actividad económica que resulta perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”.
En la reforma se propone establecer -en homologación con la Ley Federal del Trabajo- una sanción para los empleadores de menores de 15 años, fuera del círculo familiar.
Se prevé sanción para los padres o tutores de los menores, que involucren al menor en actividad de trabajo que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o moralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos fundamentales.
La propuesta prevé que se castigue con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 72 a 288 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) al patrón que contrate a un menor de quince años.
Asimismo, a los parientes, se les impondrá, de primera vez trabajo en favor de la comunidad, y si la conducta es reiterada, se impondrá una pena de 1 a 3 años de prisión y una multa de setenta y dos a doscientos ochenta y ocho veces la UMA.
El trabajo infantil es sin duda una violación de los derechos humanos, específicamente los señalados en la Convención de los Derechos del Niño, al descanso y al entretenimiento, al esparcimiento y a las actividades recreativas propias de la edad.