Para desarrollar acciones conjuntas en Durango, en cuanto a la promoción, protección y respeto del derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Durango (FECCED), encabezadas por Karla Obregón Avelar y Noel Díaz Rodríguez, suscribieron un convenio de colaboración.
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Noel Díaz Rodríguez, fiscal especializado, señaló que la corrupción en el sector público es un fenómeno global que afecta a todos los naciones y sociedades del mundo, además acentúa la desigualdad social y vulnera los derechos humanos.
“Las instituciones aquí representadas tienen en común su naturaleza jurídica y diseño institucional: son organismos públicos que gozan de autonomía e independencia en el ejercicio de sus atribuciones, fundamental para realizar con eficacia sus funciones de carácter especializado”.
Explicó que “en el caso de la fiscalía anticorrupción, las políticas transversales que han asumido incluyen el ejercicio de las funciones de procuración de justicia, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género; la transparencia y la ética e integridad como principios del servicio público”.
Por su parte, Karla Obregón Avelar presidenta de la CEDH, destacó que "el derecho humano a la paz y una vida libre de corrupción, son pilares fundamentales que se habrán de fortalecer en conjunto con los Derechos Humanos como parte de este convenido, donde también se abonará al reciente instalado Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos".
Entre los compromisos que se incluyen en el convenio, esta atender las denuncias de hechos de corrupción que puedan ser constitutivos de delito, esto a través de la recepción de quejas de la ciudadanía por violaciones de derechos humanos, al igual que unir esfuerzos para proteger a denunciantes de hechos de corrupción y víctimas del delito de violencia institucional.
Bucarán implementar el desarrollo de talleres, conversatorios y cursos de capacitación en materia de Derechos Humanos y promover la cultura de la legalidad y el fomento de la ética e integridad en el servicio público.
