Más de mil edificaciones antiguas se tienen catalogadas como monumentos históricos en todo el estado de Durango, de los cuales más de 800 se encuentran en la ciudad capital, informó el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Jorge Antonio Reyes Valdez, quien aseguró que al menos cuatro de estas edificaciones requieren de una intervención inmediata.
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Sin embargo y pese a que muchas de estas es necesario realizar adecuaciones debido a lo peligroso que resulta incluso para quienes transitan por la zona, ante un posible derrumbe por la fragilidad en la que se encuentran los materiales, las autoridades se encuentran atados de manos, pues al ser una propiedad privada no se puede intervenir en el lugar sin antes contar con la autorización del dueño.
“Muchas veces los dueños no están localizables”, dijo el delegado en Durango, quien informó que el año pasado se trabajó de cerca con las Direcciones Municipales de Protección Civil y Desarrollo Urbano, para ver qué vías jurídicas facilitarían la intervención de dichas edificaciones en aras de un beneficio público, sin embargo ahora se enfrentan a un nuevo obstáculo “¿quién aporta el dinero para intervenirlo?”, dijo.
Por lo que mientras no se resuelva la situación jurídica, ni el Gobierno federal a través del INAH; ni el municipal, por medio de Protección Civil o Desarrollo Urbano, están en condiciones de realizar reparaciones, incluso algunas tan sencillas como apuntalar una barda para evitar el colapso, y con ello garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Explicó que aunque se contara con los recursos necesarios para realizar estos trabajos, el mayor problema es que no existe la disposición legal para ello, pues “si nos metemos nos pueden acusar de violar una propiedad privada”, aseguró Reyes Valdez, luego de hacer hincapié que se tendría que buscar solucionar el tema desde el punto de vista jurídico.
Al tratarse de una instancia solo de carácter normativo, el INAH no cuenta con los recursos que se necesitan para hacer este tipo de adecuaciones, “desconozco si los municipios lo pueden ejecutar como obra pública por ejemplo, tendrían que explorar esa vía, aunque parezca absurdo”, dijo.
El funcionario federal señaló que se trata de legislaciones federales, estatales y municipales, las que habría que modificar y por su puesto alinear para que estos proyectos pudieran realizarse, de ahí que le apuestan a la localización de alguno de los dueños y éstos estén interesados en realizar la intervención, pues cabe mencionar que en muchos de los casos no les importa ante la cantidad de dinero que se requiere para ello.
