El Congreso del Estado de Durango aprobó el dictamen de la Comisión de Responsabilidades para sancionar al alcalde de la capital, José Ramón Enríquez Herrera, consistente en la destitución de su cargo como presidente municipal e inhabilitación por un término de tres años y seis meses, como consecuencia de los hechos vinculados a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El dictamen presentado ante el pleno del parlamento en la sesión ordinaria fue aprobado por 20 legisladores de las fracciones partidistas de Morena, Partido del Trabajo (PT), PAN y PVEM, en tanto que tres legisladores del PRI se abstuvieron, entre ellos el exalcalde Esteban Villegas Villarreal, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez y Francisco Javier Ibarra Jáquez, mientras que las también priistas Gabriela Hernández López y Sonia Catalina Mercado Gallegos, estuvieron ausentes en la votación.
El dictamen señala que al haberse acreditado infracción al párrafo octavo del artículo 134 Constitucional, por las razones y consideraciones contenidas en la sentencia recaída al expediente SRE-PSC-76/20187 de fecha 26 de abril de 2018, misma que fue confirmada por cuanto toca a la existencia de dicha infracción por la Sala Superior del TEPJF, en su vertiente de la existencia de promoción personalizada a través de propaganda gubernamental, por los motivos, consideraciones y fundamentos de derecho precisados en la resolución.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso a cargo de José Antonio Ochoa Rodríguez, sometió a la consideración del pleno de la legislatura, si ha lugar o no a iniciar diversos procedimientos a efecto de procurar la ejecución de esta resolución, misma que fue aprobada por mayoría con el voto de 20 de los legisladores.
El presidente de la Comisión de Responsabilidades, Gerardo Villarreal Solís, explicó por su parte que a este procedimiento se le dará continuidad y puede seguir en un juicio político.
Además señaló que se dará vista a los demás poderes sobre esta resolución. Agregó que el alcalde, tiene derecho de hacer legalmente lo que crea conducente, “nosotros tenemos que seguir con lo que marca el procedimiento y no caer en obstrucción o en desacato”.
El Congreso estatal aprobó además en el dictamen a percibir a José Ramón Enríquez Herrera a no reincidir en las conductas que dieron origen a la sanción, pues esto dará curso a procedimientos de responsabilidad que castiguen en grado severo, “ello con el propósito de preservar el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia que debe observarse en el desempeño del servicio público”.
Además, la resolución deberá ser inscrita en el Registro de Servidores Públicos sancionados, que al efecto lleven los órganos públicos competentes.
Y, para los efectos de hacer saber a la Sala Regional Especializada de la Sala Central del TEPJF de la determinación tomada por el Congreso del Estado, se ordenó proceder a remitir mediante procedimiento de estilo, un tanto en original de la resolución.
Se consignó paralelamente notificar personalmente al servidor público sancionado así como al Auditor Superior del estado de Durango.