La diputada Flora Leal Méndez propuso reformar el Código Penal del Estado para sancionar con una pena de dos a seis años de prisión y una multa de 50 a 200 UMAs a quienes distribuyan o suministren agua potable sin la autorización correspondiente de las autoridades.
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Durante su intervención en la tribuna, la legisladora destacó que la creciente escasez de agua y las sequías en varias zonas del país han propiciado el surgimiento de actividades ilegales, entre ellas el llamado “huachicoleo” de agua.
Ante esta situación, propuso la creación de un capítulo específico en el Código Penal del Estado que tipifique los delitos contra el servicio público de agua potable, con el fin de sancionar de manera contundente el robo clandestino del vital líquido.
“Una de las grandes problemáticas en nuestro estado es la falta de regulación penal en el tema del agua. Hemos detectado múltiples tomas clandestinas que operan ilegalmente desde hace tiempo”, señaló la diputada.
A nombre de la coalición parlamentaria cuarta transformación, agregó que, debido a la falta de normatividad clara, no ha sido posible sancionar efectivamente a quienes incurren en el robo de agua.
La legisladora comentó que actualmente el Código Penal contempla sanciones para algunas situaciones relacionadas, pero no ha sido suficiente para combatir el robo de agua de manera efectiva; por lo que la reforma busca cerrar ese vacío legal y reforzar el combate contra las actividades ilegales que ponen en riesgo el acceso al agua para la población.