Desde el Congreso del Estado ya se trabaja en una legislación que regule las responsabilidades en las que podrían incurrir los servidores municipales, misma que confían esté lista en los próximos meses para que esté aprobada antes de concluir esta Legislatura, ya que entre problemas de los laudos y nepotismo, se desarrollan las administraciones municipales, sin que exista una sanción en contra del alcalde.
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Y es que de acuerdo con el diputado J. Carmen Fernández Padilla, todas las presidencias municipales están obligadas a dejar cuando menos el uno por ciento de sus presupuestos para realizar los pagos de laudos al inicio de cada administración, sin embargo tan solo en el caso del municipio de Cuencamé, donde tiene un acumulado de dos millones de pesos para liquidar parte de los 300 trabajadores que se despidieron en el año 2022, ya no se cuenta con este recurso y se desconoce cuál fue su destino.
Aseguró tuvo acceso a los documentos donde se tiene el registro del pago de un laudo solamente, y sin embargo la cuenta ya no tiene la cantidad señalada, por lo que se presume que pudo haberse utilizado en otro rubro.
De ahí que tiene una observación por parte de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), donde se advierte que dicho recurso no se empleó para lo que fue etiquetado y eso constituye irregularidad, señalamientos que el organismo fiscalizador del Congreso del Estado hará llegar a la alcaldesa, a fin de que informe cuál fue el destino del dinero.
Aseguró que es falta de voluntad por parte de la alcaldesa, Elizabeth Sotelo Ochoa, pues incluso ese uno por ciento del presupuesto del municipio con el que cuenta sería insuficiente para saldar todos los laudos, ya que actualmente se habla de un monto de hasta 30 millones de pesos.
Fernández Padilla, advirtió que cuando el patrón, en este caso el Ayuntamiento, despide a un trabajador, debe contar con los elementos para que esto se lleve a cabo conforme a la ley, sin embargo los alcaldes le apuestan a despedirlos y dejar el problema del pago o reinstalación del empleado a su sucesor.
“Es lo que no piensan los alcaldes, que se va a llegar el tiempo y finalmente le va a pegar al municipio. Yo no sé dónde está la viveza de los alcaldes, si en campaña dicen que quieren tanto a los municipios ¿cómo se ponen a hacerle un daño patrimonial al municipio corriendo a tanta gente?”, dijo, al señalar que esto deriva en afectaciones al desarrollo de vía pública, servicios y seguridad.
Tlahualilo es otro caso en el que se despidió a 72 trabajadores del Ayuntamiento, sin justificación alguna, ni indemnización, motivo por el que el año pasado tomaron la Presidencia municipal y acusaron a la alcaldesa, Judith Rodríguez Olivares, de nepotismo, ya que padres, hermanos, tíos y sobrinos, trabajan en puestos clave de dicha administración.
El legislador local, aseguró que el caso ya se encuentra en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, donde pese a tener pruebas contundentes, no se ha determinado la responsabilidad de la funcionaria.
“Esto va a llegar a un asunto que si no nos toca a nosotros, le va a tocar a la próxima legislatura atender ese detalle”, comentó el diputado Fernández Padilla, quien afirmó que los casos de irregularidades en los Gobiernos municipales, ya han tomado una trascendencia que antes no se le daba y los casos han comenzado a evidenciar los malos manejos de estos servidores públicos.
Este es un problema que sucede de manera recurrente en los municipios, donde al llegar un presidente municipal de otro partido político, corre a quienes llegaron junto con su antecesor, “pero en los municipios hay mano de obra calificada, por ejemplo los Servicios Públicos que son podadores, operadores de maquinaria pesada, en el tema del agua que son fontaneros, es mano de obra calificada que ha costado tiempo especializarla y de buenas a primeras llegan y la corren y eso no debe pasar”, dijo.
