Tras la realización de 42 auditorías a la administración pública del estado, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) registró observaciones por más de tres mil 900 millones de pesos, esto coloca a Durango en el primer lugar a nivel nacional en montos a aclarar, según lo dio a conocer la titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoed), Tania Julieta Hernández Maldonado.
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Explicó que de este monto, se derivan las 94 denuncias que se han interpuesto ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que depende de la Fiscalía General de la República (FGR), pues se trata de recursos federales, ya que de las 42 auditorías realizadas, en al menos 23 se encontraron observaciones, es decir, en el 55 por ciento de estas se encontró un monto por aclarar.
Asimismo señaló que en cinco de las 23 auditorías observadas, se concentran los montos más grandes por aclarar de los más de tres mil 900 millones de pesos, y es que en al menos dos de estas se encuentran rubros relacionados con los recursos que nunca fueron entregados a los municipios como parte de las participaciones federales; además de la distribución del fondo del Ramo 33, que también es para los municipios y no se entregó.
De ahí que parte de las denuncias que se interpusieron por el estado a través de la Contraloría, están relacionadas precisamente con el endeudamiento que se generó hacia los municipios, pues esto representa un desvío de recursos públicos.
“Nosotros en su momento, cuando llegamos como administración e identificamos tuvimos la obligación de señalar lo que encontramos en ese momento y derivado de esos documentos que nosotros mandamos a la federación y posteriormente interpusimos las denuncias ante las autoridades correspondientes, por eso nos llegó este número de auditorías y el tipo de auditorías que nos hicieron”, dijo la contralora estatal.
Aseguró que en ningún momento han sido omisos ante la situación, tan es así que ya se presentaron las denuncias ante la FGR y son ellos quienes deberán hacer el trabajo de investigación.
Informó que las denuncias interpuestas, están en contra de los exfuncionarios que tuvieron a su cargo el manejo del recurso ingresado durante la pasada administración estatal, incluido el entonces gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres.
Explicó que de los resultados por la ASF, coinciden en cerca de 800 millones de pesos encontrados por la propia Contraloría del estado, mientras que el resto se derivan de los otros tipos de auditoría realizada por la autoridad federal, ya que cabe señalar que se utilizó la auditoría forense donde señalan otros 800 millones, además de algunas comprobaciones más de recursos.
Existe una quinta auditoría donde se reportan mil 500 millones de pesos observados y con esto se considera la de mayor monto, esto corresponde a la ejecución del recurso en la entrega de participaciones, “ese dinero llega a la Secretaría de Finanzas y se entrega a diversas dependencias, organismos autónomos, sin embargo no tengo ahorita señalado si tienen o no observaciones”, de ahí que aclaró que Finanzas no es la única responsable de un posible desvío de recursos.
Aunque todavía existe un tiempo para llevar a cabo las aclaraciones, al menos los 800 millones que ya han sido identificados por ambas instancias, ya se presentaron las denuncias correspondientes.