De acuerdo con el índice de Percepción de la Corrupción 2022, que se publicó recientemente en Transparencia Internacional, México es uno de los peores países evaluados en el tema de la corrupción con 31 puntos de 100 disponibles, de ahí que es necesario fortalecer el Sistema Local Anticorrupción (SLA), señaló el fiscal especializado, Noel Díaz Rodríguez.
- Te puede interesar: Vinculan a proceso a exfuncionarios de Coprised por casos de meningitis en Durango
Fue durante su participación en el Foro de Gobernabilidad y Consulta para el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, que con el propósito de combatir y controlar el problema de la corrupción e impunidad es necesario fortalecer el SLA, sin embargo para ello necesitan de la participación de las y los ciudadanos, así como de las asociaciones civiles, los tres niveles de gobierno, así como la coordinación de los entes públicos que forman parte del sistema.
“México sigue siendo el país peor evaluado entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y es el segundo peor evaluado en el G20”, comentó el fiscal anticorrupción en Durango, quien aseguró que en este sentido solo Rusia registró una peor calificación que México de entre las 20 economías más grandes del mundo.
De ahí que consideró la importancia de que las políticas institucionales y programas de la Fiscalía Anticorrupción, así como del Plan Estatal de Desarrollo, se alineen y se complementen a fin de ser eficaces en la disminución de los delitos relacionados con la corrupción en el estado de Durango.
Por ello Díaz Rodríguez propuso primero el fortalecimiento del Sistema Local Anticorrupción, además del desarrollo de programas que garanticen la coordinación entre las autoridades que competen de los Gobiernos estatal y municipal a fin de prevenir, detectar, denunciar, investigar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción, además de crear medios de mayor fiscalización y control de recursos públicos.
Como segundo punto, plantea el fomento a la cultura de la legalidad y el desarrollo de programas de colaboración del Sistema Estatal de Educación en el tema de la formación cívica, ética, integridad y derechos humanos.
En un tercer punto, establece la promoción de la expedición de normas, protocolos y mecanismos de protección de denunciantes, alertadores y testigos de actos y hechos de corrupción.
