Son varias las órdenes de aprehensión en contra de funcionarios públicos de la anterior administración estatal que han sido solicitadas ante el Poder Judicial, pero hasta ahora solo se han entregado tres, las cuales ya han sido ejecutadas, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Yolanda de la Torre Valdez, en relación al presunto desvío de recursos.
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“La parte de la investigación y generación de las carpetas de investigación en su momento, pertenece a las fiscalías, ya sea a la Fiscalía General del Estado, o la Fiscalía Anticorrupción, ellos están haciendo su trabajo”, dijo.
Las carpetas de carácter administrativo que se han presentado ante jueces, están sólidas y se busca que queden bien armadas pues de ello depende que los jueces giren una orden de aprehensión, o fijen audiencia para en su momento vincular a un proceso judicial a alguno de los señalados en caso de encontrar los elementos suficientes.
En relación a este asunto, el Poder Judicial del estafo debe guardar secrecía, sin embargo quienes pueden tener la facultad de aportar más datos sobre el tema son las fiscalías, “en este momento se han solicitado algunas órdenes, se han obsequiado algunas y están en camino otras, pero tres ya están ejecutadas, y ya hubo una audiencia, que es la tercera audiencia en la que se vincula a proceso”.
La magistrada presidente del Supremo Tribunal de Justicia, puntualizó que este proceso es muy importante, porque luego viene una investigación en la que el juez con los elementos que se le presenten podrá armar todas las pruebas que permitan llegar a un procedimiento.
“Lo que puedo decir es que nuestros jueces y juezas están haciendo un gran trabajo”, por lo que pidió a la sociedad duranguense tener la confianza en los encargados de la impartición de justicia, pues están bien armadas las carpetas de investigación presentadas y eso permitirá impartir justicia, ya que es lo que demanda la gente.
Yolanda de la Torre, resaltó que los jueces están comprometidos y en este tipo de casos de corrupción se debe decir que la víctima es la sociedad, y el Ministerio Público tiene que proteger a esta sociedad, y también se debe señalar que los jueces han dictaminado varios aseguramientos de bienes inmuebles que permiten garantizar reparación de daño en caso de tener sentencias condenatorias.