Un 80 por ciento del total de los servidores públicos que trabajan en alguna de las dependencias gubernamentales y organismos autónomos que reciben recurso público; presentaron su declaración patrimonial hasta el pasado 31 de mayo, fecha en la que venció el plazo para realizar el trámite de acuerdo con lo previsto por la ley.
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En este sentido, la titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango (Secoed), Tania Julieta Hernández Maldonado, señaló que se trata de una cifra similar a la que se tenía el año pasado, sin embargo como todo buen mexicano “dejamos todas las cosas hasta el último día”, pues al medio día se tenía un registro del 75 por ciento.
Pese a ello, aseguró que de los mandos medios hacia arriba, todos cumplieron con la presentación de su documentación, pues tienen la obligación de presentar el formato ampliado de dicha declaración patrimonial.
Explicó que como tradicionalmente sucede todos los años, las dependencias con menos personal registrado son Salud, Educación, Seguridad Pública y algunos miembros de la Fiscalía General del Estado; esto debido a que en el caso de Educación es uno de los sistemas con más trabajadores en el estado y muchos de ellos se encuentran en municipios sin una comunicación estable.
“Por la naturaleza de la dependencia, los que tienen la obligación en el formato reducido básicamente, no los mandos medios, sí se van retrasando un poquito. Hemos tenido avances, hemos tenido estrategias que hemos trabajado con esas dependencias”, comentó.
Y es que advierte la secretaria de la Contraloría estatal, que aún falta reforzar esa cultura de transparencia entre los funcionarios públicos, además de que existen las suficientes herramientas tecnológicas en las comunidades de la sierra de Durango para atender a esta orden, “hay que enseñarle también a la gente que ya tiene esta obligación, que no tenían hasta hace algunos años”, dijo.
La plataforma que emplea el Gobierno del Estado, se encuentra preparada para atender todas las solicitudes de registro, solo se tuvo un reporte que se solucionó de inmediato, contrario a lo sucedido el año pasado, cuando sí se recibieron muchos reportes.
Sin embargo aquel servidor público que no realice este procedimiento administrativo al que están obligados, pese a saber que existe una fecha límite, se identifica y se hace acreedor a una sanción administrativa primero en forma de llamada de atención e invitación a presentarla y de seguir siendo omiso, podría dársele una inhabilitación por 30 días, según el nivel jerárquico.
“Todos los servidores públicos, desde el Presidente de la República, hasta el más humilde de los funcionarios tenemos esta obligación”, dijo Hernández Maldonado, quien informó que Durango cuenta con una plataforma que fue compartida con 37 de los 39 municipios, y todos los organismos autónomos a excepción de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Poder Judicial y Legislativo.
