La Comisión Estatal de Atención a Víctimas tiene un registro de solo 10 menores que han quedado huérfanos tras el feminicidio de sus madres, esto según los datos que se tienen del año 2022 a la fecha indicó la titular del Instituto Estatal de la Mujer (IEM) en Durango, Alejandra Terrones Ochoa.
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La funcionaria estatal enfatizó que el número de menores que han quedado sin su mamá debido a que ellas fueron víctimas de violencia feminicida es mayor, sin embargo es necesario que las familias se acerquen a la Comisión mencionada o al IEM para brindarles apoyo a través de los diversos programas que están encaminados para ellos.
Los diez menores que están dentro del registro sus edades oscilan entre los cinco y 10 años de edad y en su mayoría están a cargo de las abuelas, señaló la funcionaria.
Explicó además que los apoyos que brinda el Instituto que dirige se basan en atención psicológica y legado, tanto para los menores como para la familia, pues se les debe orientar sobre la custodia de los menores y se debe tener precisión de quién se quedará a cargo de las niñas y niños.
Aseguró que existe una constante comunicación entre el IEM y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, enfatizó que la lista de menores a quienes la violencia les ha arrebatado a sus mamás es mayor, pero insistió en la necesidad que la familia cercana a los menores se acerque a las instituciones.
Cabe hacer mención que el 7 de noviembre de 2018, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 16 de los 39 municipios que conforman el estado; los municipios de:
- Durango
- Gómez Palacio
- Lerdo
- Mezquital
- Pueblo Nuevo
- Poanas
- Tamazula
- Canatlán
- General Simón Bolívar
- Mapimí
- Nombre de Dios
- Rodeo
- Tlahualilo
- Vicente Guerrero
- Santiago Papasquiaro
- Guadalupe Victoria
Quienes hasta la fecha tienen la finalidad de implementar las medidas necesarias para cesar la violencia contra las mujeres, atendiendo las condiciones culturales, sociales e institucionales que obstaculizan el libre ejercicio de los derechos humanos de la mujer, particularmente, del derecho a una vida libre de violencia y discriminación en razón del género.