Al grito de “no soy non, no soy par, soy carrera judicial”, trabajadores del Poder Judicial de la Federación con sede en Durango, salieron nuevamente de sus oficinas para emitir un pronunciamiento en contra de lo ocurrido el pasado fin de semana, donde se insacularon los cargos que deberán ser votados por los ciudadanos el próximo año y que en el caso de Durango son ocho, según información del propio magistrado del Vigésimo Quinto Circuito, Marco Antonio Meneses Aguilar.
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“Hoy las personas trabajadoras y juzgadoras del PJF somos uno”, señaló Meneses Aguilar, quien ha encabezado el movimiento en el estado, de ahí que anunció que la suspensión de labores en este Circuito y gran parte del país continúa hasta nuevo aviso, esto significa que como hace poco más de un mes, cuando inició el paro, solo se atenderán asuntos urgentes en materia penal y otras relacionadas con el tema familiar y de salud, o que ponen en riesgo el suministro de servicios básicos.
“Esta suspensión, como siempre lo hemos dicho es en defensa de la sociedad, no de un puesto, nos merecemos justicia y por eso lucharemos”, dijo ante un grupo nutrido de trabajadores quienes portando pancartas con leyendas como “La justicia no es una cosa de azar, no a la tómbola”, y “sin color, sin partido la justicia se ha impartido”, salieron a la explanada del edificio que alberga el PJF en la ciudad de Durango.
Aseguró que la falta de un Estado de Derecho ya se observa en la caída del peso, y cerró con una cotización de 19.46 por dólar, con esto se convirtió en la moneda que más se depreció comparativamente con la Brasil, Colombia y Chile; y donde entre otros factores, se concentra la incertidumbre de los inversionistas estadounidenses ante la política empleada por el Gobierno federal.
En su discurso, el especialista argumentó que el tema no es la reforma hecha al Poder Judicial en sí, ya que reconoció que lejos de tener el objetivo de mejorar la impartición de justicia aprovechando los campos de oportunidad que permitan un acceso más ágil y efectiva, sino que las personas juzgadoras que se encuentran preparadas y están especializadas, serán despedidos masivamente “con métodos pueriles, humillantes y sobre todo injustos”.
Aseguró que con esto se perderá la garantía de una correcta división de poderes, para generar contrapesos que permitan una defensa independiente, imparcial de los derechos de las personas.
“Esto no genera incertidumbre, sino desconfianza entre los inversionistas al pretender someter a uno de los Poderes al estado, más si la Presidencia de la República, legisladores y autoridades administrativas abiertamente desacatan suspensiones de amparo, generando una crisis constitucional”, dijo.
