Independientemente de la postura que fije la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), el magistrado presidente del Poder Judicial de Durango, Ángel Gerardo Bonilla Saucedo, señaló que esta decisión es mucho más compleja de lo que se percibe en la superficie, ya que esto implica cambiar todo un sistema en muy poco tiempo y esto es muy complicado.
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Aseguró que para lograr lo que se propone, habría que modificar muchas directrices con las que se ha trabajado desde hace ya muchos años, con todo y las modificaciones que se han realizado; esto aunado a la elección del personal que se propone, y que en el caso específico de Durango son 76 jueces y 19 magistrados.
“Como viene en la iniciativa, tendrían que salir 76 jueces nuevos y 19 magistrados nuevos”, dijo el titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango; sin embargo explicó que quienes tienen en sus manos la aplicación de la justicia, son personas que tienen una preparación específica en una carrera judicial, misma que han pulido y agudizado a lo largo de sus años de experiencia.
Incluso actualmente se cuenta con un sistema que incluye exámenes de conocimientos y aptitudes, que sirven como filtro para su ingreso al sistema judicial, cosa que en una votación no se toman en cuenta precisamente, ya que se trata de un derecho humano, que es libre pues todos tienen la posibilidad de votar y ser votado, “pero en el tema especializado, pues sí hay que analizarlo a profundidad”, dijo el especialista en Derecho.
De acuerdo con la reforma planteada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pretende la elección por voto popular de más de mil 600 ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces; en una elección extraordinaria programada para el año 2025; así como la reducción en el tiempo de estos cargos, y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que llegaría en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal.
De ahí que organismos como la Academia Mexicana de Ciecias Penales (AMCP), mostró su rechazo ante dicha iniciativa, pues rechazó la posibilidad de remover a ministros, magistrados y jueces de sus cargos para sustituirlos por personal que sea elegido mediante un voto popular.
“Resulta inaceptable la pretensión de instrumentalizar a los Poderes Judiciales de la República, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que ha sido valladar contra los actos de poder y las normas que violan los derechos humanos”, señaló mediante un comunicado firmado por el presidente de dicho organismo, el abogado Miguel Ontiveros.