“El dinero público ya no podrá ser privado”, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Iván Gurrola Vega, al presentar -ante los medios de comunicación- las reformas al Código Penal de Durango, en materia de sanciones a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
“Se necesitan dar herramientas (legales) que permitan combatir el lavado de dinero”, expresó el legislador y agregó que el combate a la corrupción exige la construcción de un marco jurídico que permita prevenir y castigar el delito mencionado.
En este sentido, Gurrola Vega informó que la Ley establece sanciones a quien adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba; invierta, traspase, transporte o transfiera, recursos, derechos o bienes cuando tenga conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
Además, a quien encubra, oculte, o evite localizar el destino, naturaleza, origen, ubicación, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
Asimismo, las penas serán de cinco a quince años de prisión y una multa de 360 mil a mil 800 Unidades de Medida de Actualización (UMA).
También la destitución o inhabilitación para desempeñar empleo, cargo público, desde tres meses, hasta diez años a partir de que se haya cumplido la pena en prisión.
Cabe destacar que, las sanciones a las ORPI, se establecen en el Código Penal del estado, y, derivan de una iniciativa presentada por la coalición parlamentaria Cuarta Transformación.