El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia en Durango, Miguel Ángel Villanueva, reconoció la importancia de que al interior de los planteles escolares las sociedades de padres de familia ejerzan un estricto control en el manejo de los recursos económicos producto de las cuotas, un dinero que es fundamental para el funcionamiento de los planteles, y aseguró que no pocas veces ha sido robado de manera irresponsable y también impune porque no se castiga a los autores.
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Al respecto, Villanueva Ruano reconoció que el asunto causa expectación, finalmente es dinero y las tentaciones están presentes.
Dijo que en efecto, no pocas veces se han registrado robos del dinero producto de las cuotas escolares, por parte de personas irresponsables que no entendieron que este recursos que se aporta la mayorías de las veces con grandes sacrificios por papás y mamás, tiene como objetivo preciso el bienestar de los alumnos, a través de obras y mejoras, mantenimiento, pintura, impermeabilización, etcétera.
Es por ello, dijo, que resulta hoy en día básico que de manera general todas las organizaciones de sociedades de padres de familia al interior de los planteles, establezcan un sistema especial para el control de estos recursos, de tal manera que el uso de cada peso sea transparente y que no quepa la menor duda de su buena utilización.
Y es que, recordó que este dinero se utiliza en cuestiones básica para la operación de las escuela, incluyendo el servicio de internet, la compra de papelería y materiales de oficina, el arreglo de instalaciones hidráulicas, sobre todo baños, así como instalaciones eléctricas; “en fin, todo este dinero que es indispensable, debe ser siempre bien utilizado y sobre todo, que los miembros de cada comunidad sepan con claridad hacia donde se fue su aportación”.
Añadió que a través de estas aportaciones que deben ser estrictamente voluntarias, los padres de familia “somos pilar indiscutible de la educación en el Estado, y tenemos claro la importancia de estos recursos, como una manera de auxiliar a las autoridades educativas y a los gobiernos, en su obligación de impartir educación gratuita”.