La Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) detectó “observaciones graves que se consideran causantes de daños y perjuicios a la hacienda pública” por las cantidades de 7.9 y 10.7 millones de pesos, producto de una auditoría ejercida al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), reveló el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, el legislador, Pablo César Aguilar Palacio.
“Existe un desaseo administrativo en el IPEC que se refleja en sus estados financieros y lo más grave es la desaprobación de la ciudadanía al no confiar en el actuar del Instituto ya que no ha realizado correctamente su trabajo y se vio reflejado en la participación ciudadana en el pasado proceso electoral”, apuntó el diputado local de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ante el pleno del parlamento.
El presidente del IEPC, Juan Enrique Kato Rodríguez, confirmó que “efectivamente el Instituto fue sujeto de una auditoria en este año y las observaciones forman parte de un pliego que se encuentra ya en poder del Congreso del Estado y son de carácter preliminar, por lo que están sometidas a un procedimiento, es decir, están sujetas a las garantías del debido proceso”.
Y, advirtió que este procedimiento está postulado por dos principios básicos de auditoría, uno de ellos es el de secreto de auditoría y -acotó-: “sin embargo en atención a responder al cuestionamiento me permito señalar que el papel del árbitro electoral siempre va a ser cuestionado, yo estoy a la orden por si hay alguna diligencia o procedimiento que en lo particular se me tenga que levantar”.
Solicitó Kato Rodríguez que “esto sea conforme a las formalidades del procedimiento, que se me se me brinde la garantía de audiencia y sobre todo la presunción de inocencia para poder dar contestación a las acusaciones que se me hacen”.
Y, afirmó que las observaciones de la EASE están contestadas, “vamos a seguir con el procedimiento y seguir aportando los elementos necesarios y sean solventadas, si no es así somos sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, con toda la honestidad del mundo les aseguro que como presidente del Instituto las estaré afrontando”.
Aguilar Palacio señaló que la Comisión de Hacienda está haciendo la revisión de los informes de las cuentas públicas y esta es una facultad del poder legislativo e indicó: “No me queda duda de que las observaciones que por su naturaleza podrán ser solventadas, no me queda la menor duda que existen otros rubros que no tienen reversa y no podrán solventar”.
Y las mencionó: Dentro de las erogaciones improcedentes por una cantidad de 4 millones 953 mil pesos en donde se ven claramente compensaciones adicionales que van de 43 mil a 234 mil pesos; un aguinaldo que va de 37 mil a 225 mil pesos; una prima vacacional que va de mil 96 mil pesos 48 mil pesos, una compensación extraordinaria de alrededor 178 mil pesos, vacaciones de 65 mil pesos, ajuste de calendario de 26 mil pesos y una tarjeta de regalo de 7 mil 515 a 45 mil pesos.
“Es un orden que da un total de 748 mil pesos, son erogaciones improcedentes, esto ya no tiene reversa. Hay pago de remuneraciones que sobrepasan los montos autorizados por el orden de más de 3 millones de pesos, hablamos de erogaciones improcedentes por la cantidad de 6 millones 616 mil pesos”, señaló el legislador.
Finamente, acotó: “Habrá observaciones que podrán ser solventadas por su naturaleza propia, sin embargo estas erogaciones improcedente no tienen reversa”.
