Existe una laguna jurídica que impide la atención integral de las personas que viven en la situación de calle, señaló la regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Isabel Ontiveros Soto, por lo que ya se busca un acercamiento con los diputados locales, para darle solución a este tema que ya se ha convertido en una problemática social, pues muchos de ellos no cuentan con una persona que se responsabilice de ellos.
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“Los propios familiares de estas personas, no quieren hacerse responsables de ellos y es un asunto muy complicado que el municipio se pueda hacer cargo de ellos”, comentó la regidora, al advertir que ya se presentó un caso en el que incluso el regidor Antonio Morales, tuvo que firmar como responsable de una de estas personas que vivía en el puente del ITD, así como de los medicamentos que se le administrarían en el internamiento del Hospital de Salud Mental.
Informó que son 120 las personas que de acuerdo con el último censo realizado, se encuentran deambulando por las calles en condiciones de abandono, muchas de ellas con problemas mentales ocasionados en la mayoría de los casos por el consumo de sustancias.
“Casi estamos por terminar un proyecto sobre cómo le vamos a dar vuelta a este problema, para realizar acciones”, comentó al recordar que las acciones a emprender se deberán repartir entre Gobierno estatal y municipal.
Durante su paso por el DIF Municipal, la regidora Isabel Ontiveros, informó que entre según el censo realizado, al menos 10 personas que viven en estas condiciones son adultos mayores, de quienes comentó en su momento, es la propia institución quien a través de convenios logró que asilos de ancianos los reciban, y la dependencia apoya con la realización de exámenes médicos para su ingreso.
Sin embargo el número más grande se concentra en los jóvenes de 25 años en adelante, algunos de estos incluso no son de Durango, por lo que fueron enviados a estados como Sinaloa, Zacatecas y Nuevo León.
Pese a la situación en la que se encuentran, durante los recorridos realizados por personal del DIF Municipal, en conjunto con Protección Civil y Seguridad Pública; de 10 personas a las que se les ofrece trasladarlos a un albergue, solo uno accede, permanece una noche y al día siguiente se retira, pese a que su estancia puede ser permanente.
De ahí que incluso los empresarios han comenzado a alzar la voz y a solicitar la intervención de la autoridad municipal, pues se introducen a las tiendas y hurtan mercancía, además de que con sus acciones asustan y ahuyentan a los transeúntes que pasean por la zona comercial, lo que inhibe la presencia de los clientes.
“Hay reporte de al menos unas seis, ocho personas que viven en la plaza IV Centenario, alrededor del Auditorio Universitario, y es un problema de salud pública, es un problema de seguridad, incluso algunos han estado cometiendo algunos, no por ello catalogarlos como delitos, pero sí creo que son temas de agresión”, comentó el presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), Alejandro Treviño Gamboa.
Ahora se encuentran instalados mayormente en bancas de la Plaza Fundadores, en el exterior del Tribunal Superior de Justicia, en los arcos del Congreso del Estado y del Museo Francisco Villa, o comercios cercanos; aunque frecuentemente también se observan en los jardines de la Plaza IV Centenario o del monumento a Benito Juárez que está ahí.
