Con la convicción de impulsar una agenda en favor de las mujeres, el presidente estatal del PRI, Arturo Yáñez Cuéllar, firmó el Pacto social por un proceso electoral libre de violencia política contra a las mujeres y contra grupos o sectores sociales en desventaja, promovido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Junto con la secretaria general del partido, Rocío Rebollo Mendoza y el delegado del CEN, Manuel Cavazos Lerma, el dirigente estatal priista acudió a la sede del IEPC en donde fueron recibidos por los comisionados electorales, de manera especial por el comisionado presidente de este órgano electoral local, Roberto Herrera.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a invitación del IEPC y después de firmar este pacto social, Yáñez Cuéllar reconoció la iniciativa de las autoridades electorales al considerar que es una acción que une y beneficia a los duranguenses.
“El PRI es solidario y siempre está atento al llamado de la autoridad electoral porque somos un partido de instituciones y de respecto a la legalidad, por lo que hoy nos sumamos a este gran esfuerzo”, afirmó el dirigente priista.
Por su parte, Rocío Rebollo, señaló que el PRI es el partido que ha impulsado la vigencia de los derechos de las mujeres, la paridad de género en la legislación mexicana y en los estatutos del propio partido, así como un importante número de leyes a favor de la igualdad y el respeto para las mexicanas de todos los sectores.
El comisionado presidente del IEPC, Roberto Herrera, indicó que se viven tiempos de una democracia cada vez más incluyente, innovadora, reflexiva y consciente de lo que ocurre en la sociedad, por lo que se buscan acciones la colaboración, la unidad y la construcción de acuerdos que den a la sociedad herramientas y elementos para ejercer su voto.
Este pacto social tiene entre sus propósitos y compromisos concretos abstenerse de realizar acciones que menoscaben o inhiban la participación política de las mujeres, por lo que los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, instituciones y entes de gobierno que lo firman, se comprometen a apoyar a las víctimas y en su caso informar a las autoridades de algún acto de violencia político o de discriminación.
Igualmente los participantes hacen el compromiso de asesorar a las mujeres y grupos o sectores sociales en desventaja para que acudan a recibir orientación en materia de violencia política o discriminación, así como seguir capacitando a su personal en materia de violencia política, igualdad o no discriminación, y reiteran el compromiso de utilizar un lenguaje incluyente que favorezca el desarrollo de los estereotipos, además de impulsar una cultura de la denuncia.