Luego de que al menos cinco trabajadores del transporte público interpusieran una denuncia en contra del líder del Sindicato de Choferes y Trabajadores Conexos de Durango, perteneciente a la CTM, por haberles solicitado y obtenido de manera ilícita diversas cantidades de dinero para supuestamente gestionar ante el Gobierno del Estado las licitaciones, es decir, las placas que les permite prestar un servicio de transporte público.
De ahí que señalado, fue obligado a través de un ejercicio de acción penal, a reparar el daño económico cometido en contra de los agremiados, quienes confiaron en que se realizaría el trámite y que este tenía el costo que él les había indicado, entregaron desde 20 mil y hasta 200 mil pesos en el año 2018 a dicho directivo, por lo que en suma dicho líder reunió un total de 775 mil pesos, según declararon los denunciantes ante el Ministerio Público especializado en el combate a la corrupción.
Sin embargo, cabe destacar que este tipo de permisos tienen un costo de 12 mil 788 pesos, cuyo trámite y pago debe realizarse directamente en las oficinas de recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, de ahí que con base en el artículo 213 del Código Penal de Durango, esta persona cometió el delito de “exacción fraudulenta”.
“Quien, a título de dirigencia, gestoría o representación, engañando o aprovechando la ignorancia o la necesidad de alguien, solicite y obtenga dinero o cualquier otra dádiva con la promesa de conseguir o facilitar del Gobierno o de cualquier entidad pública, entre otros trámites, el de alguna concesión, autorización, permiso o licencia”.
A través de un comunicado, la Fiscalía Anticorrupción explicó que tras una investigación, se determinó la responsabilidad del demandado y el agente del MP especializado solicitó al juez de control citarlo a audiencia para la formulación de imputación de cada una de las cinco denuncias, comparecencias en las que ante el juez penal, llegó a un acuerdo con las víctimas y de esta manera obtener el perdón de los agraviados, según lo marcan los términos que permite la ley.
De ahí que con este resolutivo, la Fiscalía informará a la Secretaría General de Trasportes del Estado, sobre las causas penales desahogas para las acciones administrativas que resulten en el trámite de concesiones que realizan los organismos sindicales del transporte público.
“Investigar y perseguir los hechos delictivos, para lograr la devolución de lo robado al Estado y la reparación del daño a las personas víctimas de ilícitos, además de la imposición de sanciones de prisión, multa, destitución e inhabilitación de servidores públicos responsables de delitos de corrupción es la función constitucional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango”.