A nivel nacional solo 22 estados cuentan con una Ley inmobiliaria, sin embargo Durango todavía no se encuentra dentro de estos, reconoció el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Armando Ignacio Tabares Rodríguez, quien aseguró que urge contar con una reglamentación, pues se cometen errores debido al desconocimiento que se tiene de la legislación, los cuales solo perjudican a los clientes, tanto el compra o renta una propiedad.
Aseguró que una vez que se presente la iniciativa, discute y apruebe la legislación, ellos como intermediarios, se pondrán la soga al cuello, ya que se generará un sistema de verdadera regulación de la compra venta y renta de propiedades, que forzosamente impondrán requisitos que deberán cumplir todos aquellos que se dediquen a esta actividad.
Incluso se necesitará la presentación de un examen para saber si son aptos para apoyar a los clientes en su búsqueda. Esto evitará que se sigan cometiendo fraudes, los cuales pese a no ser recurrentes en Durango, pues se tiene conocimiento de la existencia de uno o tres al año, la intención es preparar al personal para que los ciudadanos tengan acceso a un verdadero profesional en la materia.
Tabares Rodríguez, argumentó que los fraudes muchas veces se presentan por desconocimiento de la actividad, sobre todo de los clientes, ya que es difícil detectar cuando el asesor inmobiliario está abusando de un cliente; pero también se puede presentar por el desconocimiento del propio asesor.
“Nosotros como asesores inmobiliarios no lo sabemos todo, por eso nos rodeamos de los notarios, asesores hipotecarios, de la gente que está en el medio para que nos apoyen a evitar la comisión de fraudes por omisión”, dijo.
De ahí que Durango, junto con Coahuila y Chihuahua, son los estados donde ya se iniciaron los trabajos para presentar dicha legislación ante los Congresos estatales, con la finalidad de mantener una regulación de las instituciones.
Se refirió al impacto que tendrá el sector inmobiliario luego de las nuevas legislaciones anunciadas en materia de vivienda, lo que además exigirá mantenerse preparados ante una posible evaluación que les dé derecho a una licencia para operar como cualquier ingeniero, arquitecto o valuador.
